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González Daher, Díaz Verón, sus cónyuges y descendientes –en total 10 personas– son afectados por esta medida “de por vida”. La prohibición alcanza a los familiares más próximos “incluso si no están involucrados directamente”, aclaró el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, desde su despacho sobre la avenida Mariscal López, horas antes de viajar a su país para participar de la reunión que el presidente Mario Abdo Benítez mantendrá con el presidente norteamericano, Donald Trump.
La designación alcanza a la familia inmediata de González Daher: su esposa Nélida Chaves de González y sus hijos Óscar Rubén González Chaves y María González-Chaves. También a la familia inmediata de Díaz Verón: su esposa María Selva Morínigo y sus hijos Yeruti, Manuel y Alejandro Díaz Morínigo y un hijo menor de edad.
La sanción –explicó el diplomático– implica también que los dos ex hombres fuertes paraguayos no pueden usar sus finanzas en Estados Unidos. Sin embargo, no se aclaró si en estos dos casos específicos existen cuentas bancarias o bienes raíces en ese país. Tampoco se especificó cuáles son los hechos de corrupción concretos que Estados Unidos atribuye a estas personas, que están procesadas en Paraguay, pero aún no tienen condena.
Según una nota difundida por el Departamento de Estado norteamericano, la designación se da por la participación de ambos afectados en hechos de corrupción significativos. “La acción de hoy envía una fuerte señal de que los Estados Unidos está comprometido a combatir la corrupción sistémica y a apoyar el Estado de derecho en Paraguay. El Departamento de Estado, en cooperación con otras agencias estadounidenses y socios internacionales, continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para combatir la corrupción en Paraguay", señala.
La designación es de por vida. Y el objetivo, afirmó McClenny, es proteger la soberanía de los Estados Unidos y que estas personas no utilicen sus ganancias en los Estados Unidos.
González Daher y Díaz Verón tienen el triste mérito de inaugurar en Paraguay una herramienta norteamericana, proveída por la Ley de Presupuesto de ese país. Esta le confiere al secretario de Estado la designación de personas extranjeras como “significativamente corruptas”. En simultáneo con Paraguay, se tomaron medidas similares con personas de Guatemala, Rumania y Kenia.
Para llegar a esta conclusión –explicó el embajador–, se utilizan diversas fuentes y evidencias y se sigue un minucioso proceso que dura meses. Estas fuentes van desde publicaciones en la prensa “debidamente cotejadas”, personas paraguayas que ofrecen testimonios, grabaciones o pruebas de otra índole, e investigaciones propias.
En su cuenta de Twitter, el embajador también hizo el anuncio, una vez que Washington autorizó la difusión de la información.
Hay más en la mira
El diplomático también indicó que, además de estas dos personas, existen otras en la mira, que están siendo investigadas. Pero no quiso adelantar ningún nombre. “Hay más en la lista. Tenemos interés en otros individuos. Aprovechamos la fecha, pero no son solo estos dos, y no son los últimos. Fue un acto político escoger la fecha. (...) El listado cambia constantemente”, dijo el embajador, quien hizo alusión a que ni los nombres divulgados hoy sorprenden a nadie, ni otros que podrían recibir la misma sanción.
La inclusión de miembros de la familia en la sanción no significa que estos estuvieran necesariamente involucrados en los actos de corrupción que se atribuyen a las “cabezas de familia”. Pero, como explicó McClenny, esos mismos familiares disfrutaron del dinero que fue fruto de un robo.
Causas en el Paraguay
El ex senador cartista González Daher tiene dos procesos judiciales a nivel local. Uno, el caso de los audios filtrados, abierto en diciembre de 2017, que que revelan un escandaloso tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El otro, un proceso por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, Actualmente, guarda prisión domiciliaria y tiene permiso para salir dos días a la semana a trabajar.
El ex fiscal general también guarda prisión domiciliaria. Está procesado por enriquecimiento ilícito, ya que junto con su esposa, Selva Morínigo, no pueden justificar unos G. 6.000 millones de su patrimonio, entre el 2013 y 2017.