Salas explicó que las pruebas que se harán a las máquinas son para saber si pueden cumplir con los requisitos mínimos para que puedan funcionar y operar en unas elecciones de acuerdo a los criterios que estableció una comisión técnica del TSJE.
Estas pruebas consisten en comprobar el secretismo y qué tan auditable es el voto, como así también el escrutinio público y la impresión de las actas que se debe hacer tras emitir el voto en el equipo. Deben comprobar hasta el gramaje de las hojas que se usarán para la impresión y la duración de la batería para conocer la autonomía de los equipos en caso de algún apagón.
Las pruebas que se harán hoy y mañana no serán públicas, pero sí con representantes de los partidos. Salas, quien conversó este jueves con radio ABC Cardinal hoy, detalló que tras hacerse todo el proceso se procederá a la difusión de los detalles.
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De esta manera se realizará la primera revisión dentro del marco de la polémica licitación por US$ 23 millones para alquilar 15.000 de estas máquinas. Smartmatic había denunciado un pliego amañado para MSA y la licitación se suspendió por una semana.
Los aparatos se usarán para aplicar el desbloqueo de listas “sábana” en las elecciones internas del 12 de julio y los comicios municipales del 8 de noviembre de 2020.
En cuanto a qué tan confiables son estos equipos, Salas señaló que “en algo tenemos que confiar” y que se “están viendo todas las alternativas” en torno a un posible “hackeo” (infiltración) dentro del sistema.
“De acuerdo a lo que nosotros exigimos, las máquinas solo deben servir para votar, para escrutar y para imprimir actas. No tendrá padrón para no tener trazabilidad de voto, no debe guardar el voto. Una vez culminada la votación, debe convertirse en módulo de escrutinio. Exigimos (a las empresas) que el propio elector pueda auditar su voto. El único que debe estar seguro de su voto es el elector. Exigimos la absoluta seguridad del secreto del voto del ciudadano, que una vez emitido y confirmado se pueda depositar en las urnas correspondientes”, sostuvo.
Finalmente, comentó que todas estas boletas impresas deben, por ley, guardarse. Para ello están buscando lugares donde puedan almacenarse, “un lugar seguro que nadie pueda violentar”, concluyó Salas.