“Ha sido relevado de sus funciones el jefe de seguridad del aeropuerto Arturo Merino Benítez” , anunció el ministro de Defensa, Jorge Burgos, tras una reunión con autoridades civiles y militares, un día de después de ocurrido el asalto.
Burgos no reveló la identidad de la autoridad removida.
En pocos minutos y sin disparar un solo tiro, ocho sujetos perfectamente coordinados robaron el martes más de siete millones de dólares de un camión blindado de la empresa Brink’s en la pista del aeropuerto de la capital.
Vestidos de operarios, rompieron los candados de la reja que protege la pista de aterrizaje de los aviones, donde se encuentra el Servicio Agrícola y Ganadero, e interceptaron el camión blindado.
El vehículo debía entregar el dinero a un vuelo con destino al norte del país, para abastecer bancos y empresas mineras. Precisamente antes de entrar al sector donde se detienen los aviones, los guardias del camión blindado habían dejado sus armas en el control por cuestiones de seguridad.
El ministro chileno confirmó que los guardias del camión no estaban armados al momento del asalto, ya que por normas internacionales éstos no deben portar armas dentro de la terminal aérea.
“Esas normas también pueden tener alguna excepción atendida la cantidad del valor que se pretende transportar, hay que analizar eso”, afirmó Burgos.
Aprovechando su indefensión, los delincuentes se pusieron capuchas y apuntaron con armas largas al chofer del blindado, mientras el resto se llevaba 24 bolsas con fajos de billetes, explicó el diario La Tercera citando fuentes de la investigación.
Casi como en un guión de película, la banda huyó en dos furgonetas, una de los cuales abandonaron y quemaron a unos 3 km del aeropuerto. La furgoneta había sido robada el 21 de julio.
“Cuando pasa una cuestión de esta naturaleza hay que reforzar las seguridades y en eso se está trabajando”, indicó el ministro Burgos.
Hasta el momento, la Policía chilena no tiene rastros de los asaltantes.
Por orden del ministerio de Defensa, la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) inició una investigación para verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad.
Burgos explicó que las pesquisas indican que el modo de operar de los asaltantes es “de una capacidad de inteligencia no despreciable”, por lo cual los protocolos de seguridad del aeropuerto serán “revisados, modificados y alterados” para evitar un hecho similar.
“La pregunta es qué hubiera ocurrido si esto no hubiera sido un robo y hubiera sido un secuestro, o un acto terrorista. Lo que se ve es que los protocolos no están en condiciones de prevenir estos hechos”, dijo a la AFP Mauricio Olavarría, experto en seguridad de la Universidad de Santiago.
La jurisdicción sobre los accesos al aeropuerto pertenece a la DGAC por ley, un ámbito en el que la policía local no tiene competencia.
Los trabajadores del aeropuerto negaron su “exclusiva responsabilidad”, argumentando que ninguno de sus puestos de control fue burlado, y que “existen procedimientos específicos en el transporte de valores que involucran acciones conjuntas con Carabineros de Chile”.
Un episodio similar ocurrió en 2006, con el robo de 1,6 millones en la terminal aérea a la misma compañía de transporte de seguridad.
Según Hector Barría, presidente del sindicato Servilán -que agrupa a técnicos de mantenimiento del aeropuerto- “el aeropuerto ha crecido a un ritmo acelerado y la problemática que existe es que el personal de la DGAC ya no da abasto”.