“Su estado de salud es bastante bueno. Se logró hacer lo que se tenía planeado: colocar una malla”, declaró a los periodistas el cirujano José Elias Mora que lo operó en una clínica privada de Caracas.
El facultativo explicó que Ledezma fue sometido a una idéntica intervención quirúrgica en mayo del año pasado, “hernia que se reprodujo, lo que sucede en un porcentaje bastante importante; no es infrecuente”, subrayó.
Estimó que el alcalde, cuyo estado de salud, insistió, “es inmejorable”, permanecerá hospitalizado las próximas 48 o 72 horas, tras lo cual, recomendó, debe ser enviado a su domicilio porque “en una cárcel no hay condiciones para evitar una infección”.
Horas antes de ser trasladado la madrugada del sábado desde la cárcel militar Ramo Verde, próxima a Caracas, a la clínica, donde inicialmente se previó operarlo este lunes, la Fiscalía solicitó al tribunal que lo juzga “una medida cautelar sustitutiva de libertad”.
Una vez practicada la intervención quirúrgica Ledezma “permanecerá bajo arresto domiciliario para garantizar su recuperación”, dice la petición de la Fiscalía a favor de Ledezma.
Sin explicar sí se aceptó el pedido, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se limitó a revelar en un comunicado que el traslado de Ledezma al centro médico fue dispuesto en acatamiento a “lo que dispone el Código Orgánico Procesal Penal” en cuanto a reos con padecimientos que requieren de hospitalización.
“El tribunal de la causa ordenó que Antonio Ledezma fuera trasladado a un centro asistencial para recibir tratamiento médico urgente, en razón de una afección inherente a su salud”, sostuvo tras recordar los delitos que se le imputan el alcalde.
Estos son conspiración y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.
Ledezma es identificado con el ala radical de la oposición y fue acusado por la Fiscalía el pasado 7 de abril por conspirar contra el Gobierno por su supuesto apoyo a un grupo que presuntamente planificaba “desestabilizar” al país con acciones violentas.
La Fiscalía ha confirmado que la causa contra Ledezma se vincula al juicio contra los venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, expulsados de Colombia en septiembre de 2014 por su presunta vinculación con “planes conspirativos” cuya autoría intelectual se le achaca al expresidente colombiano Álvaro Uribe.
El 14 de septiembre de 2014, tras la expulsión de Valle y Gómez Saleh, el ministro de la Presidencia de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo que estos venezolanos no eran “angelitos”.
“Hay quienes los visten con túnicas blancas y no con uniformes camuflados, tienen alitas, pero aparecen con fusiles”, declaró el ministro colombiano que, además, tildó de “evidente” que “no estaban en actividades pacifistas sino contrarias a las leyes”.
En tanto, el expresidente Uribe llegó a responsabilizar a su sucesor, el presidente Juan Manuel Santos, de “cualquier atropello” que los jóvenes pudieran sufrir de regreso a Venezuela.
Una vez encarcelados en Venezuela, el Gobierno de Maduro difundió vídeos en los cuales se aprecia a Gómez Saleh alabando a Ledezma y dando cuenta de preparativos para perpetrar acciones violentas.
Ledezma permaneció hasta ayer en la misma cárcel donde desde hace más de un año se encuentra recluido y a la espera de una sentencia penal el líder de la oposición radical Leopoldo López, promotor de la ofensiva callejera antigubernamental “La Salida”, que dejó 43 muertos en la primera mitad del año pasado.
Esta fue una cruzada política en demanda de acciones de calle en busca de adelantar el fin del Gobierno de Maduro, elegido para el período presidencial 2013-2019, estrategia que no contó con el apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza que aglutina a la mayoría de los partidos y organizaciones de la oposición.