En paralelo al discurso del presidente sobre el Estado de la Nación en el Congreso, agrupaciones estudiantiles, sindicatos, organizaciones feministas, grupos religiosos y activistas por los derechos humanos se unieron para convocar una gran manifestación popular para exigir su destitución.
Caricaturas de Duterte, reclamos de justicia por las “ejecuciones extrajudiciales” en la violenta guerra antidrogas o críticas a su política exterior de acercamiento a China, país al que consideran que está vendiendo Filipinas, se podían ver en las pancartas exhibidas.
“El país ha padecido demasiado con este gobierno. Por eso estamos luchando aquí por los derechos fundamentales de los filipinos, estamos luchando por la vida”, señaló a Efe una estudiante de 19 años de la Universidad Ateneo, quien prefirió no dar su nombre.
Los manifestantes se congregaron a lo largo de la mañana en el campus de la Universidad de Filipinas, en el distrito de Quezon, desde donde partieron hacia la Iglesia de San Pedro, punto al que llegaron unas 15.000 personas para participar en un acto de oposición al presidente, según los datos de la Policía.
Además de gritar consignas en inglés y tagalo contra la gestión de Duterte, que lleva dos años en el cargo, algunos activistas llegaron a quemar una efigie con el rostro del mandatario.
También hubo manifestantes que acudieron amordazados y caracterizados como si tuvieran graves heridas y sangre por todo el cuerpo, en memoria de las víctimas de la polémica campaña antinarcóticos impulsada por el presidente.
A los más de 4.200 muertos en sangrientas redadas policiales, hay que sumar más de 23.500 homicidios en investigación, de los que entre 12.000 y 15.000 serían asesinatos amparados en el clima de impunidad de la campaña, según esgrimen organizaciones defensoras de los derechos humanos.
“Hay un esquema en todos los frentes del sistema de justicia que garantiza la absoluta impunidad de estos crímenes”, explicó a Efe durante las protestas Cristina Palabay, secretaria general de la ONG Karapatan. Palabay subrayó que esa impunidad tiene un “efecto devastador” en las víctimas y sus familiares, que a menudo declinan denunciar esos crímenes por miedo a represalias, mientras ven cómo ningún agente de las fuerzas de seguridad ha sido juzgado o castigado por los abusos.
Según esta organización, los “programas de contrainsurgencia del régimen de Duterte” no sólo se ceban en los suburbios de las ciudades, donde el problemas de las drogas es más sangrante, sino que también alcanza a comunidades rurales e indígenas.
Ese “acoso al pueblo” implica en cifras que “el régimen de Duterte mata a una media de dos personas por semana y arresta a 20 personas” , señaló Palabay. “La realidad del país bajo Duterte está manchada con la sangre y el sufrimientos de los pobres, a quienes se les niegan sus derechos y se ven continuamente agobiados por políticas represivas”, señaló.
Los grupos feministas también tuvieron un gran protagonismo en la marcha, con numerosas pancartas que repudiaban las actitudes misóginas y despectivas de Duterte hacia las mujeres. “Una de las facetas más repugnantes de su gobierno es la instauración de un régimen machista-fascista, que ha desatado la ira de mujeres de todos los colores políticos”, destacó en el acto Joms Salvador, secretaria general de Gabriela, uno de los grupos que impulsó la campaña feminista #BabaeAko.
“El sentimiento es mutuo. Odia a las mujeres, pero las mujeres lo odian más. El éxito de la campaña #BabaeAko radica en el sentimiento compartido de indignación de las mujeres”, señaló Salvador sobre ese movimiento elegido recientemente como uno de los más influyentes en las redes por la revista Time.
A pesar de las fuertes medidas de seguridad, con más de 6.000 policías desplegados por la capital y el refuerzo de un millar de soldados, las protestas se desarrollaron sin altercados y no hay reportes sobre detenciones.