La legalización hoy del matrimonio entre personas del mismo sexo en Taiwán, en coincidencia con la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, es uno de esos importantes avances: se trata del primer país de Asia en aprobarlo.
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Sin embargo, la realidad habitual para las Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) es otra, en particular en América Latina, África y Oriente Medio, donde son discriminados socialmente. En Brasil, el país del mundo donde se cometen más crímenes contra el colectivo, uno de sus miembros muere de forma violenta cada 20 horas, mientras que en más de una veintena de países africanos hay leyes que penan hasta con la muerte la orientación sexual diferente.
En los dos últimos años se registraron 765 homicidios en esa comunidad en Brasil, muy preocupada por la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro y su abierto discursos homófobo.
“Según agencias internacionales de derechos humanos, se asesina a muchísimos más homosexuales que en los 13 países del Oriente y África, donde hay pena de muerte contra los LGBT”, se lee en un reciente informe del Grupo Gay de Bahía, que compila desde hace 39 años estadísticas de crímenes violentos contra el colectivo.
Los asesinatos también son habituales en México, con 501 homicidios contabilizados desde 2013, aunque esa cifra se puede multiplicar por dos e incluso por tres, según organizaciones de defensa de sus derechos, que, eso sí, destacan el aumento de la visibilidad del colectivo en los últimos años.
En EE.UU., pese a que los derechos de la comunidad LGBT están cada vez más reconocidos, con el matrimonio entre personas del mismo sexo legalizado ya en 18 estados del país, los grupos conservadores de corte religioso han cobrado fuerza y siguen proclamando que suponen un peligro para el futuro de la familia y el “orden natural” y la discriminación sigue existiendo, sobre todo en las zonas rurales.
Paraguay, junto a Surinam y Guyana, posee el índice de homofobia más alto de toda América, mientras en Venezuela no existe ninguna ley que defienda los derechos LGBTI y con la agudización de la crisis su situación se ha convertido en invisible. Uruguay no cuenta con datos oficiales sobre agresiones, pero sí con una legislación inédita en Latinoamérica: la Ley Integral para las Personas Trans de 2018, que suma al matrimonio igualitario, legalizado desde 2013. En Chile, las denuncias y abusos aumentaron un 44% en 2018, con 698 casos, mientras en Colombia la situación es agridulce porque, a pesar de algunos avances, principalmente gracias a sentencias judiciales, éstos no se traducen en la realidad.
En más de 20 países subsaharianos en los que las leyes castigan la homosexualidad y persiguen a la comunidad LGTBI, los “delitos contra natura”, como se denomina a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, conllevan penas de prisión: desde la cadena perpetua en Uganda o Tanzania hasta los 25 años de cárcel en Ghana.
Además, rige la pena de muerte, en aplicación de la sharía (ley islámica), en Mauritania, Sudán, el norte de Nigeria y el sur de Somalia, según Amnistía Internacional (AI).
No obstante, en los últimos años, algunos países como Angola, Mozambique o Seychelles han despenalizado la homosexualidad, una tendencia a la que Kenia podría sumarse con la esperada sentencia del Tribunal Superior de Nairobi el próximo día 24. Esos artículos, que datan de la época colonial, establecen penas de hasta 14 años de prisión por “conocimiento carnal contra natura”.
En la mayoría de los países de O. Medio, mantener relaciones con el mismo sexo está castigado y en algunos se puede condenar hasta a la muerte, como en Arabia Saudí, Sudán y Yemen.
En otros países, como en Egipto, aunque dichos actos no figuran en su código penal, se persigue igualmente al colectivo. Los más progresistas desde el punto de vista legal son Jordania y el Líbano, aunque a sus propias sociedades todavía les cuesta aceptar esa realidad. Israel está considerado el país más favorable de Oriente Medio para la comunidad LGTB, aunque la situación aún dista de ser la ideal.
Si bien no existe el matrimonio no religioso, las autoridades reconocen los enlaces civiles, incluidos entre personas del mismo sexo. Tel Aviv es vista como una de las ciudades más abiertas del mundo para la comunidad gay, pero en el resto del país y sobre todo en la conservadora Jerusalén y en otras ciudades de mayoría religiosa (musulmana, judía o cristiana), los LGTB no puede exhibir su orientación con libertad.
En Palestina, como en la mayoría de los países árabes, la aceptación del colectivo es muy limitada, prácticamente inexistente en la Franja de Gaza, donde la práctica de actos homosexuales entre varones está prohibida por ley.
En Túnez, tras la Revolución de Jazmín en 2011, las personas LGBTI salieron de la sombra, aunque es aún uno de los 71 Estados que todavía castigan las relaciones homosexuales. Aun así, está considerado el país árabe más avanzado: cuenta con una ONG legal, Shams, que lucha por la defensa de los derechos del colectivo y cuenta con la única radio en el mundo árabe dedicada a la comunidad LGTBI.
La legalización del matrimonio homosexual hoy en Taiwán no significa que la situación de la comunidad LGTBI sea buena en Asia. En China, aunque la homosexualidad no es ilegal, las personas LGTBI no gozan de plenos derechos y libertades: desde 2001 no se considera una enfermedad mental, pero todavía hay médicos que dicen poder “tratar” a los gays para convertirlos en heterosexuales.
En Japón no existe ningún tipo reconocimiento legal, aunque autoridades de algunos distritos, como los tokiotas de Shibuya y Setagaya, permiten registrar las uniones de parejas del mismo sexo. En el Sudeste Asiático, la situación oscila entre la creciente tolerancia en países como Tailandia, Birmania (Myanmar) o Vietnam y el aumento de la LGTBfobia en Indonesia, la nación con mayor población musulmana del mundo.
Tailandia prepara una ley para el reconocimiento civil de las uniones del mismo sexo, mientras que la visibilidad de las personas LGTB ha aumentado en los últimos años en Birmania.
Brunéi aprobó en abril la lapidación para la sodomía según la sharia o ley islámica, aunque tras la presión internacional aplicó una moratoria al castigo, al tiempo que en Singapur, Birmania y Malasia las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo pueden acarrear penas de cárcel.
En 2007, Nepal fue el primer país del Sur de Asia en legalizar la homosexualidad y en reconocer la existencia de un “tercer sexo” y en 2013 le siguió la India tras una larga batalla judicial para acabar con una legislación británica de la época victoriana que ha marcado gran parte de los países de la región.
Ese es el caso de países de mayoría musulmana como Bangladesh, donde el código penal contempla penas de hasta cadena perpetua, o Maldivas, con 8 años de prisión y 100 latigazos; o las predominantemente budistas Sri Lanka, donde la comunidad LGTB padece arrestos arbitrarios, y Bután, con hasta un año de cárcel. En Pakistán, la homosexualidad es también un tema tabú y considerado por la mayoría como un acto pecaminoso y en el conservador Afganistán, cualquier tipo de interacción sexual fuera del matrimonio es considerado un crimen inaceptable.
En el continente europeo, parecen pervivir dos realidades contrapuestas: la aceptación del colectivo, aunque eso no signifique que no existan agresiones, y la criminalización social, en particular donde avanzan los partidos de extrema derecha.
En la primera se encuadran los países occidentales y nórdicos, con malta, Bélgica y Luxemburgo como los países en los que más se reconocen los derechos de esta minoría. Escandinavia, Alemania, Francia, España, Italia o Grecia también se ha avanzado mucho sobre todo legalmente, aunque las autoridades de algunos países han alertado de un aumento de la cifra de víctimas de actos homófobos.
En el otro extremo, en la mayoría de los países de la Europa del Este, la sociedad no considera “normales” a los integrantes de la comunidad LGTBI y la legislación de sus derechos avanza muy. Así sucede en Polonia, Hungría Rumanía, Serbia, Montenegro o Austria.
El caso de Rusia es particularmente llamativo, ya que el colectivo LGTBI es discriminado de forma masiva y sistemática, denuncian las ONG pro derechos humanos.
Según una de ellas, ILGA-Europa, Rusia es el cuarto peor país europeo, entre 49, para los derechos de este colectivo y la situación es especialmente grave en regiones como el Cáucaso Norte, en especial en Chechenia, donde se multiplican las denuncias de asesinatos y torturas de miembros del colectivo.