Los organizadores de la marcha anual en favor de los derechos de las mujeres “Million Women Rise”, prevista para el 7 de marzo en Londres, divulgaron que la negativa de la policía a vigilar esa manifestación les acarrearía un coste de unas 10.000 libras (13.400 euros).
En esa misma situación se encuentra el grupo ecologista Campaign Against Climate Change (CACC), al que la policía ha exigido que contrate un equipo de seguridad privado y elabore por su cuenta un plan de tráfico para cerrar las calles por las que prevén marchar el próximo mes.
Los responsables de la policía señalaron que no es necesario desplegar agentes para vigilar esas protestas dado que no representan un riesgo para los ciudadanos.
“No se trate de que la policía quiera cobrar por sus servicios, sino que rechaza que se utilice a las fuerzas públicas para facilitar un plan de cortes de calles y proporcionar vigilantes de seguridad para un evento privado”, señaló el superintendente en jefe Colin Morgan.
Para el director de la organización en favor de los derechos humanos “Liberty”, James Welch, la postura de la policía metropolitana londinense “sienta un peligroso precedente”.
“La Convención Europea de Derechos Humanos no dice en absoluto que 'todas las personas tienen la libertad de reunirse pacíficamente si tienen los recursos financieros necesarios'”, dijo Welch.