En este nuevo asunto Temer es acusado de asociación ilícita y de obstrucción de justicia, cargos que son extensivos a sus exministros Eliseu Padilha y Wellington Moreira Franco, dos de sus más cercanos colaboradores durante la gestión que concluyó el 1 de enero pasado, cuando le entregó el poder al ultraderechista Jair Bolsonaro.
Las acusaciones habían sido formuladas por la Fiscalía General a mediados de 2017, pero el posible juicio fue bloqueado por la Cámara de Diputados, que impidió el necesario desafuero de Temer, así como hizo con otros cargos presentados por el mismo organismo.
Sin embargo, una vez que Temer dejó el cargo, los asuntos por los que había sido denunciado ante la Corte Suprema fueron distribuidos entre los tribunales de la primera instancia penal que, con el caso aceptado este lunes, ya le han dado curso a seis de las trece denuncias presentadas por la Fiscalía.
Este nuevo caso en que responderá el exmandatario se refiere a supuestas comisiones recibidas del grupo cárnico J&S por “favores” realizados desde el poder, cargos similares a los presentados en los otros cinco casos en que Temer ya está formalmente procesado.
Temer asumió el poder en mayo de 2016, cuando comenzó el proceso que llevó a la destitución de la entonces mandataria Dilma Rousseff, con quien ejercía como vicepresidente.
El político, que durante más de una década presidió el partido del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), llegó a ser arrestado en forma preventiva durante cuatro días el pasado mes de marzo por sospechas de corrupción, como presunto integrante de una red que desvió dinero público durante unos 40 años.
Temer ha negado todas las acusaciones en forma vehemente y se ha dicho víctima de una “persecución política”, el mismo argumento que esgrime el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en la prisión desde abril del año pasado también por cargos de corrupción.