Unos 300 integrantes de la agrupación Hijos se movilizaron hasta los domicilios, protegidos por un vallado policial, de los empresarios Vicente Massot, director del diario bonaerense La Nueva Provincia, y Carlos Pedro Tadeo Blaquier, expresidente del fabricante de azúcar Ledesma.
“Venimos a escrachar a estos genocidas civiles, impunes gracias un Poder Judicil que vergonzosamente los protege”, dijo a Efe Giselle Tepper, de la red nacional de la agrupación Hijos. Tepper explicó que el “escrache” busca promover la “condena social” de ambos empresarios mediante la “señalización” de los lugares donde viven, además de hacer “visible” el reclamo de justicia en las calles.
Así, los manifestantes colocaron carteles indicativos de las direcciones exactas de los apartamentos de los empresarios, en el barrio de Recoleta, escribieron “civiles genocidas”, con aerosol, en la acera frente a los domicilios, arrojaron pintura roja a las fachadas de los edificios y colgaron en el lugar fotos de víctimas de la represión.
Tepper rescató los avances en la Justicia que han permitido juzgar y condenar a los militares responsables por crímenes en la dictadura, pero reclamó que también se avance en el mismo sentido para sentar en el banquillo de los acusados a aquellos civiles que actuaron en complicidad con el régimen de facto.
En este sentido, la organización Hijos acusó en un comunicado a Massot y a Blaquier de haber sido “partícipes de los delitos de lesa humanidad” cometidos por la última dictadura. Para Hijos, los casos de Massot y Blaquier representan “una situación inaceptable de impunidad para los empresarios que, como corporación económica, dieron el golpe de Estado con la Junta Militar el 24 de marzo de 1976”.
Según la agrupación, los empresarios “financiaron los crímenes de lesa humanidad y se enriquecieron con ellos, recurriendo no sólo a delitos financieros, sino también a la grave violación de los derechos humanos”.
Vicente Massot fue acusado de haber sido presuntamente coautor de los delitos de homicidio de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, obreros gráficos y delegados sindicales, secuestrados a mediados de 1976.
En marzo pasado, un juez sobreseyó al empresario en esa causa, pero el fallo fue apelado por la Fiscalía. En tanto, Carlos Blaquier fue acusado de ser presunto cómplice del secuestro y la desaparición de varios trabajadores de Ledesma, pero el empresario fue exculpado, decisión judicial que la Fiscalía pidió sea revisada por la Corte Suprema.
Según sostuvo Hijos en su comunicado, “en la persecución de los trabajadores, la empresa Ledesma actuó conjuntamente con la Gendarmería nacional (policía de frontera)”.