PARÍS. Aprobada en primera instancia por 112 votos a favor y solo cinco abstenciones, la norma acaba con el anterior sistema, en el que la administración fiscal tenía el monopolio de accionar un proceso penal como única responsable de presentar demandas por fraude fiscal.
Este dispositivo había sido muy criticado por organismos anticorrupción por considerarlo poco transparente.
La transmisión automática se producirá a partir de los 100.000 euros de fraude, un límite considerado demasiado elevado por la oposición de izquierdas.
El ministro de Hacienda, Gérald Darmanin, calificó de “avance decisivo e histórico” la supresión del anterior sistema, llamado “Verrou de Bercy” y que fue implantado en 1920.