En declaraciones a Efe, uno de los denunciantes, José Miguel Suárez, explicó que la cónsul adjunta recibió las partidas de nacimiento o datos de prisión que le entregaron los afectados, dentro de la querella presentada en Argentina contra los crímenes del franquismo (1939-75), que investiga la jueza María Servini.
Suárez explicó que dentro de las denuncias presentadas hoy se distinguen dos tipos: por un lado, las de personas que sufrieron “en sus propias carnes” las torturas y la represión de la dictadura, y por otro, las denuncias de “nietos” que perdieron a sus familiares.
“Como aquí no se ha hecho justicia, ni se ha juzgado ni condenado al régimen franquista la única vía que tenemos es venir aquí, al Consulado, para que Argentina juzgue los hechos”, señaló otro denunciante, Vicente Gutiérrez Solís, que se mostró esperanzado por el proceso.
Estas denuncias se unen a otras recogidas anteriormente por la jueza argentina María Servini en su investigación de los crímenes del franquismo, como la querella que aceptó esta misma semana, el 22 de abril, interpuesta en el Consulado argentino de Canarias (Atlántico) por familiares de víctimas de la dictadura.
En 1977, durante la transición española de la dictadura franquista a la democracia, fue aprobada una Ley de Amnistía, a la que hasta ahora se remitió la justicia española para no investigar los delitos y crímenes cometidos durante el franquismo.
La jueza María Servini admitió en 2010 una querella presentada por españoles víctimas de los crímenes del franquismo, amparados en el principio de justicia universal, y desde entonces reúne denuncias para esta causa.
Entre las diligencias que ha llevado a cabo destaca la petición de extradición del exguardia civil Jesús Muñecas y del exinspector de policía Juan Antonio González Pacheco, por presuntos delitos de tortura.