Una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ suspendió un puñado de artículos del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que fueron dictados cuando el chavismo dominaba el Congreso.
Estos artículos se refieren a la capacidad para debatir sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados, y a las potestades de la junta directiva -de oposición al chavismo- para dirigir los debates, la duración de las intervenciones de los legisladores o los puntos a tratar en las sesiones del Congreso.
La sentencia indica que la Sala Constitucional “acuerda, -mientras se decide el recurso de nulidad interpuesto- la medida cautelar de suspensión de los artículos 25; 57; 64, numerales 5, 6 y 8; 73; y 105, último aparte del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional” .
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, consultado por la AFP , esta nueva decisión del TSJ contra la Asamblea significa que “el poder Legislativo esta intervenido por el poder Judicial” .
Explica que la sentencia “incide directamente en el funcionamiento” del Parlamento. “Ya no es un problema de cuáles son sus facultades, sino hasta en las reglas internas de juego” del Congreso.
La Sala Constitucional, calificada por la oposición como “bufete jurídico del gobierno” , ha dictado varias sentencias que impiden a la Asamblea Nacional controlar la actuación de varios poderes públicos, legislar y controlar el funcionamiento del Banco Central, y dictar una amnistía para presos políticos.
Según la oposición, todas esas materias son competencias del legislativo previstas en la Constitución. El también constitucionalista José Ignacio Hernández considera que “el procedimiento para aprobación de leyes será notablemente retrasado” , según un artículo que publicó en la web Prodavinci.
Y en este sentido Raffalli señala que “en la medida en que la Asamblea Nacional genere leyes, crecerá el número de sentencias (del TSJ) en su contra” , un aspecto que dejaría en evidencia el conflicto de poderes.
La oposición aprobó una Ley de Referendo que norma una consulta para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro en el plazo más breve posible. Aunado a esto se elabora una enmienda constitucional que reduciría de seis a cuatro años el mandato de Maduro.