SANTIAGO DE CHILE. El mismo beneficio recibieron otros cinco exmilitares enjuiciados en el mismo caso como cómplices y todos quedaron en condiciones de abandonar este mismo martes el batallón de policía militar, donde han permanecido recluidos desde el pasado jueves, precisaron las fuentes.
La libertad provisional le fue otorgada a Cheyre y demás exuniformados este lunes por el juez de la causa, Mario Carroza, quien les fijó una fianza de un millón de pesos (unos 1.515 dólares), aunque hoy la Corte rebajó ese monto a uno de los procesados, el exsuboficial Hugo Leiva, a 300.000 pesos (unos 454 dólares).
La defensa de Cheyre argumentó razone medicas, entre ellas una hipertensión, para fundamentar su excarcelación, lo que fue cuestionado por los abogados querellantes. “Esos nos parece que no son argumentos suficientes para no estar sujeto a prisión preventiva (...) Nos parece que los militares no pueden esgrimir razones médicas para eludir una prisión preventiva, cuando se encuentra procesado por un delito tan grave como lo es el homicidio calificado en calidad de cómplice”, dijo de ellos, Nicolás Pavez, a los periodistas.
Otro abogado de la acusación, Cristian Cruz, dijo que pese a todo no recurrirán la resolución adoptada hoy por la V Sala de la Corte de Apelaciones, “porque las familias de las víctimas no le van a negar los derechos que el señor Cheyre y los demás les negaron a sus familiares”. Durante su periodo como jefe del Ejército (2002-2006) , Juan Emilio Cheyre proclamó un compromiso de “nunca más” a las violaciones de los derechos humanos en Chile, y era un teniente de 25 años cuando en octubre de 1973 fueron asesinados quince prisioneros políticos en el regimiento de la ciudad de La Serena.
El caso es investigado como una de las aristas de la “Caravana de la muerte”, una comitiva militar al mando del general Sergio Arellano Stark, que recorrió el país y asesinó a cerca de un centenar de presos políticos en diversas ciudades. Las víctimas fueron sacadas de las cárceles para ser asesinadas y en varios casos Arellano ordenó a oficiales de los regimientos locales participar en los asesinatos, justificados como fallos de consejos de guerra que nunca tuvieron lugar.
En otros casos, los asesinados cumplían condenas leves, de cien días de prisión, por faltas menores. Al ser detenido, Cheyre, que tiene un amplio prestigio en el ámbito académico, empresarial y político y ha sido defendido por diversos dirigentes, incluido el expresidente Ricardo Lagos, renunció a la dirección del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica.
También presentó su renuncia como miembro del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), pero desde el organismo le han pedido que se mantenga en el cargo. Además, es integrante del Consejo asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de la demanda marítima que Bolivia presentó contra Chile ante la Corte de La Haya.