El Vaticano compareció hoy por segundo día consecutivo ante el Comité de la ONU contra la Tortura e intentó responder a las cuestiones y peticiones expresadas la víspera por los miembros del organismo, y dejar claro cuál es su posición respecto al espinoso tema de los abusos a menores llevados a cabo por miembros de la Iglesia.
Silvano Tomasi, representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, fue el encargado de responder y afirmó que, si bien “la Santa Sede no tiene competencia para juzgar a los pederastas fuera del Estado del Vaticano, sí que realiza procedimientos eclesiásticos contra aquellas personas sobre las que pesan abusos a menores”.
Tomasi especificó que estas acciones se llevan a cabo “sin perjuicio de las acciones judiciales que se practiquen en los lugares donde resida el acusado”.
El diplomático vaticano explicó que cuando se sospecha de un caso de abuso a menores por parte de un clérigo, el obispo local “tiene el deber de proteger a los niños de las acciones llevadas a cabo por los sacerdotes de su diócesis”, por lo que debe realizar un informe y trasladarlo a la Congregación para la Doctrina de la Fe a fin de que esta dirima al respecto.
Una vez hecho el estudio del caso, la Congregación tiene la capacidad de condenar al sacerdote a una pena canónica, “y en caso de que el clérigo sea declarado culpable, la pena canónica más extrema es la separación del entorno clerical”.
Dicho esto, Tomasi procedió a aportar las cifras solicitadas la jornada anterior por la relatora del Comité, Felice Gaer, quien había pedido datos sobre sacerdotes investigados por la Congregación y cuántos de ellos habían sido condenados.
“De 2004 a 2013 la Congregación estudió 3.420 casos creíbles de abusos a menores de 18 años ” , afirmó Tomasi: 730 en 2004; 184 en 2005; 218 en 2006; 216 en 2007; 191 en 2008; 196 en 2009; 464 en 2010; 402 en 2011; 418 en 2012; y 401 en 2013.
Tomasi especificó que los casos se refieren a conductas delictivas cometidas desde 1950 hasta finales de la década de los ochenta, no acciones contemporáneas.
De éstos 3.420 casos, 884 sacerdotes fueron separados de su condición clerical: 89 en 2004; 84 en 2005; 114 en 2006; 84 en 2007; 68 en 2008; 69 en 2009; 84 en 2010; 143 en 2011; 70 en 2012; y 43 en 2013.
“Estas personas se convierten en legos y no tienen más relación formal con la diócesis donde trabajaban”, explicitó Tomasi.
El representante diplomático de la Santa Sede añadió que en otros 2.572 casos, tras la investigación, los sacerdotes fueron simplemente sancionados con distintas penas, que no especificó.
En 2004 fueron sancionados 641 clérigos; 100 en 2005; 104 en 2006; 132 en 2007; 123 en 2008; 127 en 2009; 380 en 2010; 259 en 2011; 348 en 2012; y 358 en 2013.
Una vez concluida la presentación de Tomasi, Gaer tomó la palabra y preguntó si cuándo se conocieron los casos, las autoridades civiles de los países donde se cometieron los delitos fueron informadas.
Tomasi respondió que no cuenta con cifras exactas sobre el número de sancionados canónicamente que también han sido juzgados por la jurisdicción civil, pero afirmó que entiende que han sido “la mayoría”, y que “la política” del Vaticano es informar a las autoridades.
Asimismo, Tomasi explicitó que en los casos de sacerdotes disciplinados por supuestos abusos pero no expulsados, estos no son trasladados “como se hacía erróneamente en el pasado”, sino que se les cambia de trabajo.
“La condición es que no estén en contacto con niños”, puntualizó.
Por otra parte, el representante vaticano se refirió al aborto y recordó que “para la Santa Sede el derecho a la vida no es negociable” y que ésta práctica “no tiene nada que ver con la salud reproductiva”.
Tomasi agregó que la práctica del aborto “constituye en sí misma un acto de tortura”.
“Intentar que la Santa Sede cambie de opinión al respecto es un atentado a la libertad de expresión y de credo”, apostilló el diplomático.
Un comentario al que Gaer se refirió preguntando por qué entonces el Vaticano presiona al resto de Estados parte para que no legislen al respecto o anulen las normas que ya permiten la interrupción voluntaria del embarazo.
“¿No están ustedes atentando contra el básico derecho a elegir de las mujeres?”, se cuestionó la relatora.
Por su parte, George Tugushi, el segundo relator, preguntó a Tomasi si no consideraba que la amenaza de excomunión a la que fueron sometidas las niñas de Brasil y Nicaragua menores de diez años embarazadas tras ser violadas y que pretendían abortar no constituía “una forma de maltrato”.
Tomasi respondió que esos casos eran “excepcionales” y que las amenazas de excomunión habían sido vertidas “por obispos locales, no por funcionarios del Vaticano”, concluyó.