“Regreso a los tribunales hoy escuchando el último episodio de 'Alicia en el país de los derechos de autor'. Diez semanas de ficción estadounidense sobre los derechos de autor están llegando a su fin”, publicó Dotcom en su cuenta Twitter.
La justicia estadounidense acusa a Dotcom, fundador del clausurado portal Megaupload, y a sus exsocios Mathias Ortmann, Finn Batato y Bram van der Kolk, de trece delitos vinculados a la piratería informática, crimen organizado y lavado de dinero.
En la jornada, el abogado de Ortmann y van der Kolk, Grant Illingworth, acusó a Estados Unidos de querer presentar una nueva evidencia contra sus clientes, reporta la cadena TVNZ de la televisión neozelandesa.
La fiscal Christine Gordon, que lidera la acusación contra Dotcom y sus socios, indicó al juez Nevin Dawson, a cargo del proceso, que estaba dispuesta a entregar la evidencia inmediatamente, pero Illingworth se negó al describir la situación como una especie de “emboscada”.
El magistrado ordenó la presentación de la evidencia, pero no se ha pronunciado si será utilizada en la réplica de la fiscalía, que se extenderá previsiblemente hasta mediados de la semana.
Por su lado, Dotcom llegó tarde a la vista debido a que fue “detenido” por la Policía, según explicó Simon Cogan, uno de sus abogados durante este proceso que comenzó a finales de septiembre.
El proceso de extradición se había postergado diez veces desde que Dotcom y sus socios fueran detenidos en enero de 2012 en Nueva Zelanda en un operativo internacional orquestado por el FBI que supuso el cierre de Megaupload, la congelación de sus cuentas y la incautación de sus bienes.
Las autoridades estadounidenses creen que este portal de descargas, que llegó a tener 50 millones de usuarios, logró un beneficio de unos 175 millones de dólares (159 millones de euros) por supuestamente alojar material ilegal.
Hasta ahora, de los siete miembros de Megaupload imputados por EE.UU. solo ha sido condenado el programador estonio Andrus Nomm, al que le fue impuesta una condena de poco más de un año de cárcel en ese país tras admitir su participación en la violación de los derechos de autor.