“La violencia y discriminación ejercida contra las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales) constituyen una gravísima violación a los derechos humanos que requiere reconocimiento expreso y atención específica e inmediata, con especial atención a la niñez y la adolescencia, según su diversidad sexual considerando su proceso de desarrollo”, indicaron las defensorías en una declaración divulgada en Tegucigalpa.
Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia.
El documento, publicado por el estatal Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, señala que es necesario “evidenciar la discriminación estructural que opera en nuestras sociedades, naturalizando y aceptando conductas de violencia y exclusión hacia diversas poblaciones vulnerabilizadas”.
Enfatizan que esas prácticas “impactan directamente en el ejercicio de los derechos humanos de los colectivos que conforman la población LGBTI”.
Las defensorías del Pueblo indican que reconocen que la violación a los derechos de las personas LGBTI “persiste de manera sistemática y progresiva” en la región. Destacan que como instituciones garantes de los derechos humanos tienen el desafío de “unir esfuerzos para construir sociedades más justas e inclusivas”.
La declaración fue firmada por las defensorías de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, País Vasco, Santa Fe y Buenos Aires, de Argentina, México, Panamá, Puerto Rico y Uruguay. Paraguay no está incluido en la lista de firmantes.
Las instituciones de derechos humanos señalan que las posiciones conservadoras en la sociedad provocan “confusión, desinformación y alimentan la discriminación y el discurso del odio, camino contrario a la búsqueda de una cultura de paz, respetuosa de la diversidad y de los derechos humanos”.
Reafirman, además, el principio de igualdad y la garantía de no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género y su expresión. Asimismo, resaltan que los avances en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas LGBTI son “constantemente atacados por discursos y acciones de carácter discriminatorio que exigen una respuesta articulada e integral en la región destinada a fortalecer la promoción, defensa y protección de sus derechos”.
También expresan la necesidad de hacer “extensivo el compromiso” a todas las instituciones que integran la Federación Iberoamericana del Ombudsman para promover y garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales y la legislación nacional.
En el caso de Honduras, el 95 por ciento de los 280 crímenes contra personas LGBTI ocurridos desde 2009 están en la impunidad, según datos del organismo estatal de derechos humanos.