La comisión permanente del Congreso retiró del código penal y del código de ejecución penal la castración química a pedido de los parlamentarios Lourdes Alcorta, del fujimorista Fuerza Popular; de Marisa Glave, del izquierdista Nuevo Perú; y Marco Arana, del Frente Amplio de izquierdas. La castración química había sido contemplada en un principio como medida complementaria a la prisión cuando el juez lo estimara pertinente.
Esto implicaba que la castración química se aplicara a los presos mientras estuviesen en la cárcel, donde a priori no tienen contacto con posibles nuevas víctimas; por mandato judicial y sin tener en consideración la voluntad del sentenciado, además de conllevar un alto gasto para el Estado.
Durante el debate, el parlamentario fujimorista Francisco Villavicencio precisó que “si la castración química se establece como pena se estaría vulnerando el principio constitucional de legalidad, ya que se impondría una pena sin estar tipificada”, en el “ordenamiento jurídico penal”, peruano.
La castración química había sido aprobada el 17 de mayo a propuesta del congresista del centrista Acción Popular Yohny Lescano.
En su iniciativa se definía la medida como “aplicación de inhibidores del deseo sexual mediante productos químicos con el objetivo de que disminuyan los niveles de testosterona, hormona del deseo sexual, en el cuerpo humano”.
La propuesta legislativa argumentó la necesidad de la medida en que el aumento de penas o la aplicación de medidas drásticas “no es la solución más idónea para paliar esta ola de delitos, puesto que las penas de cárcel no cumplen el efecto disuasorio que debería generar en la población ni previenen nuevos abusos”.
El 74 % de los peruanos está a favor de la aplicación de la castración química y solo el 23 % en contra, según un sondeo de la encuestadora GfK publicada a finales de mayo.
La comisión permanente del Congreso retiró del código penal y del código de ejecución penal la castración química a pedido de los parlamentarios Lourdes Alcorta, del fujimorista Fuerza Popular; de Marisa Glave, del izquierdista Nuevo Perú; y Marco Arana, del Frente Amplio de izquierdas. La castración química había sido contemplada en un principio como medida complementaria a la prisión cuando el juez lo estimara pertinente.
Esto implicaba que la castración química se aplicara a los presos mientras estuviesen en la cárcel, donde a priori no tienen contacto con posibles nuevas víctimas; por mandato judicial y sin tener en consideración la voluntad del sentenciado, además de conllevar un alto gasto para el Estado.
Durante el debate, el parlamentario fujimorista Francisco Villavicencio precisó que “si la castración química se establece como pena se estaría vulnerando el principio constitucional de legalidad, ya que se impondría una pena sin estar tipificada”, en el “ordenamiento jurídico penal”, peruano.
La castración química había sido aprobada el 17 de mayo a propuesta del congresista del centrista Acción Popular Yohny Lescano.
En su iniciativa se definía la medida como “aplicación de inhibidores del deseo sexual mediante productos químicos con el objetivo de que disminuyan los niveles de testosterona, hormona del deseo sexual, en el cuerpo humano”.
La propuesta legislativa argumentó la necesidad de la medida en que el aumento de penas o la aplicación de medidas drásticas “no es la solución más idónea para paliar esta ola de delitos, puesto que las penas de cárcel no cumplen el efecto disuasorio que debería generar en la población ni previenen nuevos abusos”.
El 74 % de los peruanos está a favor de la aplicación de la castración química y solo el 23 % en contra, según un sondeo de la encuestadora GfK publicada a finales de mayo.