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Eso anunció el jueves el presidente Juan Manuel Santos.
Colombia es, después de Afganistán, el segundo país con más cantidad de minas en su territorio, y la explosión de esos artefactos usados por la guerrilla y las bandas criminales para evitar el avance de las Fuerzas Armadas en áreas selváticas y montañosas ha dejado 2.272 muertos y 9.223 heridos 1990, según estadísticas oficiales.
"No hay horror más grande en una guerra que este tipo de artefactos. Buscamos erradicar de la faz de Colombia hasta la última mina antipersonal en el año 2021", dijo Santos en el municipio de Cocorná, en el noroccidental departamento de Antioquia, declarado libre de estos artefactos explosivos.
El mandatario firmó el año pasado un acuerdo de paz con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar con un conflicto armado de más de 53 años que dejó 220.000 muertos y millones de desplazados.
Uno de los temas pactados, además de la dejación de armas de unos 7.000 excombatientes de la guerrilla, es la destrucción de minas y artefactos explosivos.
De hecho, alrededor de 1.000 antiguos integrantes de las FARC se sumarán a las actividades de desminado que cumplen una brigada del Ejército y 11 organizaciones privadas internacionales.
Colombia pasó en el último año de tener 673 municipios con presencia de estas armas no convencionales a 507, una reducción del 25 por ciento.
Estados Unidos, Canadá, Japón, Noruega y Suiza integran un grupo de países donantes que se comprometió a aportar 80 millones de dólares para el desminado.