Es una reunión impulsada por “los enemigos de la patria”, según el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).
“Nosotros salimos (a marchar) para que el mundo sepa que Venezuela se respeta, que no nos vamos a rendir ante nada (...) pero el día que tengamos que marchar en contra de los enemigos de la patria, lo haremos”, dijo al canal estatal VTV el diputado oficialista Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV.
El chavista cuestionó que dirigentes de la oposición venezolana promuevan la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a la nación petrolera y, aunque no especificó nombres, les llamó “traidores de la patria”, y aseguró que cada uno de ellos “será tratado en suelo patrio como enemigo”.
Asimismo, cuestionó la pertinencia actual de la OEA, “una institución en desuso”, y consideró una “amenaza potencial” y “gravísima” que prospere la Carta pues, aseguró, mediante este mecanismo se busca que haya una “ invasión ” en Venezuela.
Cabello acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a los 18 países que solicitaron la sesión de este martes para abordar la crisis en Venezuela de apoyar “para que haya un golpe de Estado” contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Es imposible que aquí vaya, en algún momento, a haber un gobierno distinto a la revolución bolivariana, no sostendrían a este pueblo ni un solo día, no nos han visto a nosotros en la calle (...) el Gobierno está haciendo lo que le corresponde, estamos seguros de que ellos se van a cansar antes que nosotros”, prosiguió.
En la movilización participan otros altos representantes del chavismo como el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del Gobierno en el Parlamento, quien ponderó como “triste” que los opositores estén “pidiendo la intervención” de “potencias extranjeras” en Venezuela.
La “Gran marcha antiimperialista” surge en respuesta a la discusión de hoy en la OEA de un informe presentado por Almagro, donde pide a Venezuela llamar a elecciones generales en 30 días para evitar una posible suspensión del organismo, un proceso complejo que requiere el apoyo de dos tercios (24) de los 35 países miembros, incluido el país caribeño.