El país suramericano enfrenta en octubre sus primeras elecciones desde que saliera a la luz los entresijos del mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, el cual ha salpicado a centenas de legisladores de todo el arco partidario que deberán rendir cuentas ante los electores.
El tablero electoral para las presidenciales de 2018 todavía está por definir y en el juego está pendiente el futuro del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción y cuya deseada candidatura podría verse comprometida en caso de que la pena sea ratificada en segunda instancia.
El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en Porto Alegre, inicia el próximo 24 de enero el juicio sobre la apelación que había realizado el máximo líder del Partido de los Trabajadores, que no cuenta con un “plan B” en caso de que la candidatura de Lula sea impedida.
Con otras seis causas penales abiertas en la justicia, la mayoría por corrupción, Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, lidera con ventaja las encuestas de intención de voto y, según los últimos sondeos, podría medirse en una segunda vuelta al diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro.
Alejado de la política tradicional, Bolsonaro, exmilitar y defensor de la dictadura militar (1964-1985), ha irrumpido como el líder más radical de la derecha en un país que busca candidatos libres de sospechas por corrupción. Entre la izquierda y la derecha, los socialdemócratas intentan encontrar su espacio en la vía del centro y asoman como posible candidato al gobernador de Sâo Paulo, Geraldo Alckmin, investigado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en uno de los frentes de la Lava Jato.
El aspirante del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los más influyentes del país, deberá de reconstruir la imagen del partido, la cual quedó fuertemente dañada este año después de que el senador y excandidato Aecio Neves fuera acusado de recibir sobornos de ejecutivos del grupo cárnico JBS. Las misma acusación fue arrojada por JBS contra el presidente de Brasil, Michel Temer, en el poder desde 2016, cuando la entonces presidenta Dilma Rousseff fue destituida por unas irregularidades en las cuentas públicas.
Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quedó a un paso del precipicio político en el 2017 después de haber sido denunciado en dos ocasiones por la Fiscalía, pero consiguió salvarse de un proceso penal gracias al apoyo del Congreso, que por imperativos constitucionales debía avalar su eventual enjuiciamiento.
El proceso arañó completamente la imagen de Temer y desgastó todavía más al PMDB, que, pese a ser la principal fuerza política del país, no postula candidatos presidenciales desde 1994 y ahora tiene a toda su cúpula investigada por el Supremo. En una entrevista reciente a Efe, el fiscal de la operación Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos, dijo que los verdaderos jueces de los políticos investigados por los escándalos de corrupción serán los ciudadanos durante las elecciones generales de 2018.
“El único impacto que habrá con seguridad será el de la propia población juzgando los hechos. El juicio político será en el 2018” , sostuvo el fiscal. Y es que, de acuerdo con un breve sondeo publicado por el diario O Globo, la corrupción es la principal preocupación para el 62% de los brasileños, un porcentaje que tan solo llegaba al 9% en el 2011.