Morales sostuvo en un discurso en el Palacio de Gobierno que la nueva norma “garantiza la inversión” privada nacional y extranjera y celebró el trabajo de concertación, que duró tres años, entre sus ministros y los empresarios para la elaboración de la normativa. “El Gobierno no ha impuesto la ley de inversiones, ni esta ley de conciliaciones, son leyes consensuadas y eso nos permitirá seguir creciendo económicamente”, sostuvo el mandatario.
Morales expresó su deseo de que las inversiones nacionales y extranjeras permitan a Bolivia mantener altas tasas de crecimiento con el objetivo de que el producto interior bruto (PIB) llegue en 2020 a 70.000 millones de dólares, el doble de su valor actual. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, destacó que el Gobierno cumplió con el compromiso de aprobar esta ley en la línea de otras normas que ya regulan las inversiones y los servicios financieros.
Sostuvo que la ley promulgada hoy manifiesta la disposición de Bolivia “de abrir sus fronteras hacia socios extranjeros, brindándoles un espacio con reglas predecibles y medidas de estabilidad con un gran potencial”. Anunció que el sector privado tiene previsto invertir este año unos 3.000 millones de dólares en hidrocarburos, agricultura, ganadería, transporte, construcción y comercio con el propósito a aportar al objetivo del país de crecer este año un 5%.
El procurador del Estado, Héctor Arce, destacó que la nueva ley, reemplaza a otra de 1997 y generará un desarrollo institucional de la “ conciliación” y establece “un régimen especial para el arbitraje de inversiones ” que respeta los capitales privados, “pero que, sobre todas las cosas, protege y defiende la soberanía del Estado”. Desde hace un año, Bolivia tiene también una ley de inversiones, que ofrece incentivos a las empresas, pero establece que las controversias se resolverán solamente en tribunales bolivianos.
Desde que entró en vigor la Constitución de 2009 promulgada por Morales, el Gobierno avanza en la adecuación de sus leyes al nuevo escenario constitucional, pero aún resta actualizar varias normas clave, como la de hidrocarburos y la de electricidad.