Con estas dos últimas intervenciones, ascienden ya a cuatro las personas privadas de libertad en menos de 48 horas por supuesta “explotación de la tragedia para incitar al odio y generar inestabilidad social”, informaron este lunes medios locales.
El exconcejal Kenneth Cheung fue localizado este domingo en su domicilio. En un operativo paralelo, las autoridades pusieron bajo custodia a una mujer, identificada como voluntaria, por publicaciones en redes sociales consideradas incitadoras.
Ambos permanecen en dependencias policiales mientras se les investiga por posibles vulneraciones de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, conocida como legislación del Artículo 23, vigente desde el 23 de marzo de 2024.
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El sábado ya había sido puesto a disposición policial un estudiante universitario, impulsor de una petición en línea que reclamaba una investigación independiente del incendio y la asunción de responsabilidades por parte del Ejecutivo. La iniciativa superó las 10.000 firmas en menos de 24 horas antes de que la plataforma la retirara sin dar explicaciones públicas.
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La Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional del Gobierno central en Hong Kong había alertado previamente de que “individuos antichinos y malintencionados” difundían rumores y aprovechaban la tragedia para “satisfacer ambiciones políticas” y “provocar de nuevo el caos”, unas conductas que tildó de “contrarias a la humanidad” y que recibirán “castigo legal”.
El Artículo 23, distinto de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 y aprobado por unanimidad en un Consejo Legislativo sin oposición, autoriza mantener a una persona incomunicada hasta 16 días sin cargos, con posible limitación del acceso a letrados, y prevé penas de hasta cadena perpetua por traición, insurrección, sabotaje o injerencia externa.
Organizaciones de derechos humanos, gobiernos occidentales y la ONU han cuestionado la vaguedad y el carácter regresivo de la norma, mientras las autoridades la justifican como imprescindible para tapar agujeros legales tras las protestas prodemocracia de 2019.
La investigación del incendio continúa centrada en el empleo de materiales inflamables durante las obras de renovación y en posibles irregularidades en la adjudicación del contrato, un extremo que ya ha motivado once imputaciones por homicidio imprudente y presunta corrupción.