La corte considera que el máximo representante de la Fiscalía, nombrado a propuesta del gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, cometió un delito de revelación de datos reservados y le impuso también unos 7.300 euros de multa (unos 8.400 dólares).
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El caso
Siete magistrados del Supremo debía valorar si existían pruebas contra Álvaro García Ortiz en la supuesta filtración de un correo electrónico en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la región autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proponía un pacto al fiscal y reconocía que “ciertamente” había cometido varios delitos relacionados con la evasión fiscal, en busca de una rebaja en la petición de condena.
Posición de la Fiscalía
La Fiscalía ha defendido que García Ortiz no cometió un delito de revelación de secretos porque esa información ya había sido proporcionada previamente a varios periodistas y que, en caso de haberlo hecho él, sería “impune” al ser conocida por la prensa.
En concreto, la Abogacía del Estado responsabilizó a González Amador de haber revelado el secreto de las negociaciones de conformidad de su causa de fraude fiscal cuando envió un correo al jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid y se reunió con el periodista del diario El Mundo que luego publicó la noticia.
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