Con la nueva ley, personas y empresas podrán ingresar los productos sin pago de impuestos y bajo supervisión estatal. Su distribución será a precio de mercado siempre que el gobierno no consiga abastecer el 100% de la demanda.
Las compras internacionales hasta ahora han sido centralizadas por la estatal petrolera YPFB, que accede a los carburantes a precio internacional y los distribuye subsidiados en el mercado interno.
El gobierno del izquierdista Luis Arce, que dejará el poder el 8 de noviembre, agotó casi todas sus reservas de dólares para sostener esa política. Y sin divisas, el abastecimiento es cada vez más irregular.
Abastecimiento de combustibles
“El objeto de la norma es implementar medidas excepcionales que permitan, por tres meses, la importación e internación de diésel, gasolina y GLP por operadores privados”, lo que garantizará “el abastecimiento nacional ante situaciones de emergencia”, señaló en un comunicado oficial la Cámara de Diputados.
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El proyecto fue presentado por gremios cívicos y empresariales, a través de un mecanismo de iniciativa ciudadana.
“Los surtidores tienen tres, cuatro filas. Ya no se puede pasar por muchas zonas porque no hay campo, porque la gente está haciendo colas”, dijo Stello Cochamanidis, representante del Comité Cívico Pro Santa Cruz, agrupación promotora de la norma, a la televisora Unitel.
Severa crisis
Bolivia atraviesa una severa crisis económica derivada de la política de subsidios. La inflación de septiembre superó el 23% interanual. El Banco Mundial proyecta una contracción de la economía altiplánica que durará al menos hasta 2027.
El presidente electo del país, el centroderechista Rodrigo Paz, anunció durante su campaña su intención de recortar más de la mitad de las subvenciones en carburantes. En 2025 se presupuestaron 2.177 millones de dólares.
Paz prometió, sin embargo, mantener el precio congelado para operadores del transporte público de pasajeros. El nuevo presidente asumirá el cargo por cinco años.