El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, Colombia, ha admitido una demanda de reparación directa interpuesta por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci tras su asesinato en Barú, Cartagena, el 10 de mayo de 2022.
La querella va dirigida contra el Estado colombiano —incluyendo el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional— exigiendo más de 2.000 millones de pesos colombianos (USD 508.861) como indemnización.
La familia de Pecci, que incluye a su viuda Claudia Andrea Aguilera, su hijo, así como sus padres, hermanos y sobrinos, busca compensación por daños morales, materiales y lucro cesante derivados del homicidio, cometido por sicarios colombianos.
Además, la demanda también se extiende a la cadena hotelera Decameron, donde Pecci se encontraba hospedado en el momento de su muerte. Los demandantes alegan que la responsabilidad recae tanto en entidades públicas como privadas por la falta de acción ante la tragedia ocurrida el 10 de mayo de 2022.
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Alegatos sobre la responsabilidad estatal
El documento presentado argumenta que existe un término para reclamar responsabilidad ante el Estado, que se puede suspender mediante una solicitud de conciliación extrajudicial. Esta se presentó el 10 de mayo de 2024 y concluyó el 18 de julio del mismo año sin acuerdo.
La familia sostiene que el Estado debe responder por omisiones que contribuyeron al asesinato de Pecci, considerado un daño a su integridad y a su legítimo derecho a la vida, tal como lo protege la Constitución. Esta pérdida irreversible ha afectado no solo a la víctima directa, sino también a sus familiares.
Crítica a la actuación de la Policía
Los demandantes critican la actuación de la Policía Nacional, afirmando que su respuesta se limitó a reaccionar al delito ya consumado, a pesar de que las investigaciones indican que el crimen fue planificado desde el 2 de mayo de 2022.
Aseguran que no se tomaron las medidas preventivas adecuadas, a pesar del riesgo constante al que estaba expuesto Pecci en su labor como fiscal contra el crimen organizado en Paraguay.
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Además, algunos de los involucrados en el crimen tenían condenas vigentes, lo que, según la demanda, demuestra una falta de actuación de la Policía para proteger a la población de peligros inminentes.
La familia de Pecci y sus representantes legales continúan su lucha buscando justicia y reparación por lo ocurrido, cuestionando la responsabilidad de las autoridades en la trágica muerte del fiscal.