A cien días del inicio de la investigación sobre las muertes por fentanilo contaminado en Argentina, el juez federal N.º 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la detención de Ariel García Furfaro, empresario líder del grupo propietario de los laboratorios responsables de los medicamentos que causaron la muerte de al menos 96 pacientes en hospitales de distintas regiones del país. García Furfaro, de 49 años y con antecedentes penales por tentativa de homicidio, se entregó voluntariamente ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante la noche del miércoles.
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Las órdenes de detención incluyeron a nueve personas adicionales, todas vinculadas al círculo directivo y familiar de García Furfaro. Entre los detenidos se encuentran sus hermanos Hernán y Diego García Furfaro, quienes junto a Ariel dirigían Laboratorios Ramallo y otras empresas del rubro farmacéutico. La madre de los directivos, Nilda Furfaro, también fue aprehendida, así como altos cargos técnicos y administrativos de ambas compañías, incluyendo a Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, y José Antonio Maiorano, junto al presidente de Ramallo, Horacio Tallarico, y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.
Los operativos se realizaron simultáneamente en 10 domicilios y sedes comerciales, ejecutados por la PSA y Gendarmería Nacional (GNA). Según fuentes policiales, para las 22:30 del miércoles todos los involucrados ya se encontraban bajo custodia.
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El informe pericial que comprometió a los laboratorios
La decisión judicial se basó en un informe reciente del Cuerpo Médico Forense de la Suprema Corte, que vinculó directamente al menos 12 muertes con la contaminación bacteriana detectada en las ampollas de fentanilo producidas por HLB Pharma. El análisis genético realizado confirmó una identidad total entre las bacterias halladas en los pacientes y las presentes en las muestras del lote 31.202 distribuido por la farmacéutica.
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Además, un peritaje realizado por el Instituto Malbrán y un informe de la ANMAT revelaron múltiples irregularidades en la producción: se detectaron inconsistencias en cinco lotes de fentanilo, incluyendo prácticas que violaban las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Todo esto apuntó tanto a los directores técnicos como a los propietarios y autoridades superiores de las firmas implicadas.
La causa cobró relevancia en el ámbito político cuando el presidente Javier Milei, en un acto en La Plata, exigió la detención de García Furfaro e increpó públicamente al kirchnerismo por un presunto encubrimiento.
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También cuestionó la imparcialidad del juez Kreplak, en referencia a su vínculo familiar con un funcionario de la salud provincial. El magistrado respondió recordando al Presidente su obligación de no interferir en procesos judiciales en curso.
El funcionamiento irregular de los laboratorios se evidenció ya en abril, cuando médicos del Hospital Italiano de La Plata notaron un brote inusual de infecciones graves entre los pacientes internados, todos ellos expuestos al fentanilo de HLB Pharma.
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Tras corroborarse la relación mediante estudios, la ANMAT suspendió la venta de medicamentos de la firma y denunció formalmente el hecho.
Posteriores allanamientos llevaron al cierre de la droguería Alpharma, controlada también por la familia García Furfaro, y se tomaron medidas restrictivas como la prohibición de salida del país para 24 personas y la inhibición de sus bienes.
El número de víctimas letales ascendió de poco más de una decena, detectadas en los primeros días, hasta llegar a 96 casos documentados judicialmente. Se considera que esta cifra podría incrementarse si se confirma la relación con otras muertes.