La intervención desproporcionada con una interpretación forzada de las leyes y los controles de precios y de ganancias desincentivaron la producción privada e impactaron de manera directa en la vida cotidiana de la población.
El chavismo, que rige Venezuela desde hace más de dos décadas, carga con una crisis humanitaria sin precedentes, con decenas de presos políticos, libertades fundamentales cercenadas y la economía destrozada por el ataque del gobierno al sector privado.
Venezuela llegó a ubicarse como la cuarta economía más grande y próspera de América Latina por su potencial energético. Bajo régimen chavista experimentó un boom petrolero, pero que terminó despilfarrado.
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En principio, los altos precios internacionales permitieron al gobierno de Hugo Chávez incrementar el gasto público y financiar programas sociales, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
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Inicia la represión
Pero en 2003, el chavismo, que no admitía críticas, instauró un control de cambios argumentando la necesidad de frenar la fuga de capitales, según una publicación de la cadena BBC Mundo. Cuatro años después, la represión hacia distintos actores de la política y la economía se agudizó.
El presidente Chávez impulsó una ola de nacionalizaciones en sectores estratégicos como petróleo, cemento y telecomunicaciones en busca de acallar las críticas y estallaron las primeras persecusiones contra la oposición, cuyos miembros hoy están en su mayoría en el exilio.
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Simultáneamente, el Estado impuso controles de precios y de ganancias al comercio, lo que desincentivó la producción privada. El Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntó esa década que la escasez de productos básicos en supermercados aumentó a partir de 2008, impactando de manera directa en la vida cotidiana.
Acoso al sector privado
Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, su ahijado político y gobernante venezolano Nicolás Maduro profundizó el intervencionismo y comenzó la debacle económica. Se exacerbó la corrupción, se agudizó la falta de insumos y golpes a la industria e inversión privada.
El chavismo manipuló medidas legales para perseguir a empresas independientes. Los empresarios que denunciaron las políticas económicas enfrentaron represalias.
Lorenzo Mendoza, entonces CEO de Empresas Polar, fue acusado de “guerra económica” por el gobierno chavista, según una publicación de la BBC.
Una publicación de la agencia Reuters, de 2016, señala que la empresas venezolanas como Polar fueron sometidas a inspecciones constantes y amenazas de expropiación.
Otros, como el dueño de la cadena de farmacias Locatel, fueron detenidos arbitrariamente, denunció la organización Human Rights Watch en 2019. El mensaje era claro: criticar al gobierno tendría consecuencias.
Intervención e hiperinflación
El intervencionismo terminó socavando la capacidad productiva del país: para 2019, la industria nacional operaba a menos del 20% de su capacidad según datos del gremio Conindustria.
Los precios de la canasta básica se dispararon hasta volverse inaccesibles para una mayoría de la población.
Con la gestión de Maduro, en 2013 y 2019, la economía venezolana se contrajo más de un 60%, revelan registros del FMI y esto sumió al país en una hiperinflación.
En 2018, el alza de precios subió hasta 1.698.488% anual, según el Banco Mundial. Esto empujó a la población a deambular por los comercios en busca de mejores ofertas y evitar el hambre. La pobreza golpea hoy a 8 de cada 10 personas que viven en Venezuela.
Como resultado, se desencadenó una de las mayores crisis migratorias del continente en tiempos de paz: cerca de 7,7 millones de venezolanos abandonaron el país, alertó la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) en su más reciente informe.
A estas dificultades se sumaron las sanciones internacionales desde 2017. Sin embargo, el colapso económico venezolano había comenzado mucho antes marcado por la decisión del régimen chavista -liderado por Nicolás Maduro- de restringir el libre comercio, controlar la economía, someter y perseguir a las empresas no alineadas a los planes del régimen venezolano y censurar la crítica.