El partido de Lula defiende la legalidad de la prisión domiciliaria contra Bolsonaro

São Paulo. El Partido de los Trabajadores (PT), formación del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este lunes la legalidad de la prisión preventiva domiciliaria decretada contra el expresidente Jair Bolsonaro en el marco de su juicio por intento de golpe de Estado.

Un juez brasileño ordenó el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por conspiración golpista, por violar la prohibición de usar redes sociales.
Un juez brasileño ordenó el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por conspiración golpista, por violar la prohibición de usar redes sociales. 215923+0000 EVARISTO SA

El líder del PT, Edinho Silva, justificó la medida de la Corte Suprema por los incumplimientos por parte de Jair Bolsonaro de las medidas cautelares que ya pesaban sobre él, entre las cuales destacaba la prohibición de usar sus redes sociales o las de terceros para transmitir mensajes.

“Si existe una orden del Supremo y esta es incumplida, es evidente que el Poder Judicial tiene la prerrogativa de aumentar la penalidad propuesta”, escribió en redes sociales.

Asimismo, Silva dijo que los “defensores de la democracia” deben estar “al lado de la legalidad” para que el sistema democrático salga “más fuerte” del proceso que juzga a Bolsonaro y a otros altos cargos políticos y militares por supuestamente tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022, que ganó Lula.

El magistrado Alexandre de Moraes decretó la prisión domiciliaria, así como la prohibición de recibir visitas no autorizadas previamente por el Supremo, después de que el exmandatario participara por videollamada en una de las manifestaciones convocadas el domingo para protestar contra el juicio por golpismo.

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Además, mensajes de Bolsonaro fueron leídos en otras marchas, en las que los manifestantes defendieron la aprobación de una amnistía a todos los acusados y atacaron al Supremo.

El expresidente se enfrenta a una pena de más de 40 años de prisión por esta causa judicial, que está previsto que concluya antes de terminar el año.

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