En un comunicado, el Ministerio consideró la resolución israelí como un “acto racista y colonialista por excelencia”, y ordenó a sus embajadores, sedes y organizaciones que redoblen los esfuerzos diplomáticos para exigir el reconocimiento pleno de Palestina, su ingreso como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas y medidas internacionales que obliguen a Israel a detener “los crímenes contra el pueblo palestino”.
La moción, aprobada el miércoles por el Parlamento israelí, no tiene efectos legales, pero supone un respaldo político para aplicar la soberanía israelí sobre Cisjordania, un territorio palestino ocupado desde 1967 y cuya anexión es considerada ilegal según el derecho internacional.
Con la moción aprobada, aunque simbólica, Israel apela a aplicar su soberanía en toda la tierra que define como “histórica”, lo que incluye Cisjordania.
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Para el Gobierno palestino, esta medida representa “otro paso más en los crímenes de genocidio, desplazamiento y anexión” que, según afirma, buscan “liquidar la causa palestina”.
A finales de 2023, unos 500.000 colonos israelíes vivían en Cisjordania, sin contar los que residen en Jerusalén Este, también ocupado.
Desde el ataque del grupo Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, las operaciones militares israelíes en Cisjordania se han intensificado, al igual que la expansión de asentamientos y los ataques de colonos a la población palestina.
El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló que Israel debe revocar todas las leyes que faciliten la ocupación de Cisjordania, desmantelar sus asentamientos, retirar el muro de separación construido en territorio palestino y evacuar a todos los colonos.