El intendente de Rosario, Pablo Javkin, denunció que los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., involucrados en la distribución de fentanilo contaminado, tendrían vínculos con el narcotráfico.
A raíz de ello, el municipio de Rosario se presentó como querellante en la causa que investiga la muerte de 54 personas en hospitales y clínicas, donde se utilizó el medicamento adulterado.
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“Tienen vínculos con el narcotráfico”, afirmó Javkin en diálogo con el medio argentino Infobae. Exigió además que se investigue si el fentanilo fue desviado al mercado ilegal.
El caso está en manos del juez federal Ernesto Kreplak y del Ministerio de Seguridad argentino, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. También participan la ANMAT, el Ministerio de Salud y otros organismos de control, de Argentina.
Los laboratorios estaban habilitados
Según la denuncia, solo dos laboratorios estaban habilitados para importar fentanilo, y las importaciones se dispararon durante la pandemia, sin volver a niveles normales. Javkin advirtió que existe una “continuidad estructural, comercial y operativa” entre estas empresas y el Laboratorio Apolo, implicado en una explosión en Rosario en 2016, con antecedentes judiciales por estrago culposo y lesiones graves.
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El escrito presentado por el municipio detalla la participación de Jorge Salinas, Ariel García Furfaro, Damián García, entre otros, quienes ya enfrentaron investigaciones previas.
Salinas fue incluso vinculado con Mario Segovia, alias “El Rey de la Efedrina”.
Rosario exige justicia, sostiene intendente
Javkin reclamó que “Rosario es víctima de esta mafia con vínculos narcos y no vamos a parar hasta desenmascarar a cada una de estas personas”.
El municipio argumenta que la adulteración de fentanilo afectó directamente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), con consecuencias sanitarias y económicas graves, tras haber tenido que retirar y desechar ampollas ya adquiridas.
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La Justicia ya ordenó la inhibición de bienes y prohibición de salida del país de los implicados, mientras el municipio evalúa iniciar un reclamo por daños y perjuicios.
Sebastián Chale, secretario de Gobierno, remarcó que la compra se hizo por licitación a través de droguerías autorizadas por ANMAT y que el laboratorio distribuidor tenía habilitación oficial.
El juez Kreplak ahora debe decidir si acepta formalmente a Rosario como parte querellante.