Según la APES, en las últimas semanas se registró un “desplazamiento forzado de aproximadamente 40 periodistas del país”, esto presuntamente por “casos de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias” tanto hacia los periodistas como los medios.
“Este registro no incluye a otras personas o vocerías críticas que también decidieron salir del país ante el clima de temor y persecución. Estas acciones no solo representan un atentado contra la libertad de expresión, sino que también vulneran principios fundamentales de un Estado democrático de derecho”, detallan.
Asimismo, aseguran que los periodistas realizaron trabajos relevantes sobre abuso de derechos humanos, transparencia y otros temas del quehacer de El Salvador, pero la salida masiva de los profesionales “deja un clima de más tenor en El Salvador y provoca una crisis humanitaria de muchas familias que temen por estos periodistas, ya que muchos de ellos no pueden regresar”.
“El periodismo libre y critico es un pilar esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos ciudadanos. Ningún gobierno ni institución debe utilizar su poder para silenciar voces, perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos ni limitar el acceso a la información”, agregan.
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Listas de vigilancia y órdenes de captura
Conforme el pronunciamiento de los periodistas, hay “fuertes indicios” de que en El Salvador hay “listas concretas de vigilancia y amedrentamiento” como también órdenes de capturas hacia defensores de los derechos humanos.
“Ante la alerta de captura de periodistas de El Faro, el gobierno no ha respondido desmintiendo ni dando garantías de que no se está criminalizando a la prensa. Algunos de los casos registrados de periodistas que han salido del país implican la participación de agentes de la Policía con actitudes intimidatorias y el uso de mentiras flagrantes para la obtención de información", concluyen.
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