El riesgo de pobreza y exclusión apenas se ha reducido en dos décimas en el último lustro, mientras que en el caso de la privación material y social severa, incluso ha aumentado en ese periodo, ya que en 2019 las tasas se situaban en el 24,3 % y 5,4 %, respectivamente.
España es el octavo país de la Unión Europea con la mayor tasa de riesgo pobreza y exclusión entre sus jóvenes, con un 26,7 %, por detrás de Bulgaria, que registra la cota más elevada (32,4 %), Grecia, Dinamarca, Rumanía, Luxemburgo, Finlandia y Alemania.
Sin embargo, la brecha entre el nivel de riesgo de los jóvenes españoles y de la población en general es menor que en otros Estados, ya que si se tiene en cuenta al conjunto de la población, España registra la cuarta tasa más elevada de peligro de pobreza y exclusión, con un 25,8 % solo superado por Bulgaria (30,3 %), Rumanía (27,9 %) y Grecia (26,9 %).
Precisamente, Eurostat destaca que el riesgo de pobreza y exclusión social entre los jóvenes de la UE es 3,1 puntos superior al observado entre la población en general (21,0 %).
Y subraya que, si se pone el foco solo en el riesgo de pobreza, la tasa entre los jóvenes es del 19,2 % frente al 16,2 % en el conjunto de la población, una brecha de 3,0 puntos que contrasta con el hecho de que la proporción de individuos que viven en hogares con baja intensidad de trabajo es solo tres décimas superior entre los jóvenes (8,2 % frente al 7,9 % del conjunto de la población).
Para la Confederación Europea de Sindicatos, esto sugiere que los jóvenes tienen diez veces más probabilidades de vivir en la pobreza a pesar de trabajar.
“Los datos oficiales de la UE muestran que se está manteniendo a los jóvenes en la pobreza a través de una baja remuneración a pesar de que trabajan tan duro como el resto. Esto pone sobre los políticos la responsabilidad de actuar para poner fin al uso de los jóvenes como mano de obra barata o incluso gratuita”, dijo en un comunicado la secretaria confederal del organismo, Tea Jarc.
El llamamiento llega en vísperas de que los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de los países de la UE debatan la próxima semana la propuesta de Directiva de Prácticas, que busca mejorar las condiciones laborales de quienes las realizan y evitar que se camuflen relaciones de trabajo como falsas prácticas.
“Permitir que continúen las prácticas no pagadas o infraremuneradas no solo hace que los jóvenes sigan en la pobreza ahora, sino que integra la desigualdad al asegurar que solo los más ricos pueden permitirse aceptar oportunidades que lleven a trabajos de calidad en el futuro”, dijo Jarc.
Los sindicatos recordaron que, según un Eurobarómetro, más de la mitad de los jóvenes tienen que realizar uno o más periodos de prácticas antes de obtener un puesto de trabajo permanente, pero el montante necesario para cubrir el coste de la vida cuando se hacen prácticas no remuneradas es de al menos 1.028 euros al mes, de acuerdo con el Foro Europeo de la Juventud.