El apoyo político definitivo de los participantes se ha producido durante la visita a la ciudad ucraniana de Leópolis de la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, junto a los ministros de Exteriores de varios países miembros, entre ellos el de España, José Manuel Albares, para celebrar el Día de Europa.
Los actos en Leópolis coinciden con la celebración en Moscú del tradicional desfile con motivo del Día de la Victoria, en el que los rusos celebran la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial y al que acudieron jefes de Estado y de Gobierno afines al Kremlin.
Una treintena de países, parte del Consejo de Europa, llevaban meses negociando la creación de este tribunal para cubrir el "vacío" que supone que la Corte Penal Internacional, que ya investiga crímenes de guerra en territorio ucraniano, no tenga competencia para fiscalizar el crimen de agresión ruso a Ucrania.
Esto se debe a que Moscú no ha ratificado el Estatuto de Roma, a que la CPI no puede actuar por iniciativa propia para juzgar un crimen de agresión y a que Rusia puede vetar el establecimiento de un nuevo tribunal al ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que es quien tiene la capacidad de proponerlo.
Una treintena de países han dado su respaldo político final a un texto para establecer este nuevo tribunal, que se centrará en juzgar las acciones de quienes dieron las órdenes de invadir a Ucrania y las actividades militares para ejecutar esa orden; esto es, no los soldados rasos sino los "líderes militares y políticos" en el origen de esta agresión.
Fuentes comunitarias señalaron que la nueva corte recibirá material del Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión, parte de Eurojust, y podrá juzgar a los acusados 'in absentia' (en su ausencia), si bien estos tendrían derecho a un nuevo juicio si posteriormente se presentaran ante el tribunal.
Aunque se reserva citar nombres concretos por el momento, Bruselas prevé que se juzgue a unas "veinte o treinta personas" en la cúpula del liderazgo militar y político ruso, si bien el proceso quedaría en suspensión temporalmente para los acusados que mantengan un cargo político por la inmunidad que conlleva.
Este sería el caso de personalidades como el presidente ruso, Vladimir Putin, o su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, a quienes no se podría imputar hasta que no acaben sus mandatos políticos.
Con el texto legal acordado por todas las partes, fuentes comunitarias esperan que la nueva corte pueda ser funcional en 2026 y no dan por perdido que en algún momento pueda unirse a ella Estados Unidos, que fue "muy constructivo" bajo la anterior administración demócrata pero dejó de participar a partir de las rondas finales de negociación en Estrasburgo (Francia), ya con la nueva presidencia de Donald Trump.
El nuevo tribunal aún no tiene una localización establecida, si bien el Gobierno neerlandés está examinando la posibilidad de ofrecerse a ser anfitrión.