El informe, elaborado por el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA y titulado ‘El asedio al periodismo debilita la democracia‘, registró 179 agresiones en el país, el segundo número más alto desde que se inició el relevamiento en 2008.
El informe revela un aumento del 53 % en los casos registrados respecto a 2023 y un 103 % en comparación con 2022.
Del total de agresiones, 56 fueron atribuidas al presidente argentino, Javier Milei, que protagonizó principalmente agravios y discursos estigmatizantes.
“El 2024 fue un año en el que el periodismo fue el ‘punching ball’ (saco de boxeo) del presidente y de su entorno”, afirmó Paula Moreno Román, presidenta de FOPEA, en un comunicado difundido este martes.
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Discurso polarizante perjudica al periodismo
Moreno Román agregó que se trató de “un trabajo estratégico y organizado que solo apunta a plantear miradas de extremo y deslegitimar” y advirtió que “el discurso polarizante necesita ubicar al periodismo como enemigo”.
“El periodismo tiene la responsabilidad de no avivar el fuego, pero tampoco de dejarse consumir por él”, sostuvo la presidenta de la organización.
Fernando Stanich, integrante de la Comisión del Monitoreo de FOPEA, indicó que la violencia estatal o paraestatal estuvo presente en el 80 % de los casos y que el 44 % de los ataques se ejercieron en entornos digitales.
Entre los tipos de ataque más frecuentes, el 45,25 % correspondió a discursos estigmatizantes, el 25,14 % a agresiones físicas y el 11,73 % a restricciones en el acceso a la información.
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Lapidario informe sobre libertad de prensa en Argentina
Los periodistas de televisión fueron los más agredidos, con 73 víctimas, seguidos por los de radio (47), organizaciones periodísticas (30), medios digitales (25) y diarios (23).
En cuanto a la distribución geográfica, las regiones más afectadas fueron la ciudad de Buenos Aires, con 105 casos, la provincia de Buenos Aires (14), Tucumán (10), Córdoba (7) y Río Negro (7).
Para la presentación del informe, FOPEA organizó un conversatorio en el que participaron el abogado Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital, y el periodista Jorge Fernández Díaz.
“Vivimos un ataque frontal contra la libertad de expresión”, aseguró Gil Lavedra, quien cuestionó la idea de que los insultos del mandatario estén protegidos por su libertad de expresión.
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Ataques constituyen censura directa
“La vejación, la humillación y el insulto no están tutelados”, añadió el abogado, que advirtió que este tipo de ataques “tienden a inhibir la expresión” y constituyen “una manera de censura indirecta”.
Fernández Díaz, por su parte, lamentó la “connivencia de muchos colegas que no hicieron las alertas tempranas”.
Un estudio de la consultora Methodo para FOPEA que analizó más de 2,4 millones de interacciones en redes sociales reveló que las agresiones desde el poder amplifican la violencia digital contra la prensa y contabilizó 240.000 menciones peyorativas al periodismo por parte de Milei y su entorno.
Entre los términos más utilizados figuran “ensobrados”, “pauteros”, “burra”, “imbéciles”, “periodismo en llamas”, “esbirros” y “corruptos”.