En su informe anual ’La situación de los derechos humanos en el mundo‘, publicado este lunes, Amnistía Internacional (AI) sostuvo que el Gobierno paraguayo “asignó recursos insuficientes al sistema de salud pública”, algo que, a su juicio, “socavó el derecho a la salud”, especialmente de los pueblos indígenas y las mujeres transgénero.
Esta situación “dejó a las familias con la responsabilidad de cubrir el 38,4 % de los costos totales de atención médica con sus propios recursos”, que los describió como “uno de los gastos de bolsillo en salud más altos entre los países con niveles de desarrollo similares”.
AI reportó que la inversión en salud pública en Paraguay se situó en el 4 % del PIB, por debajo del 6 % recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
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Violencia hacia mujeres y niños
Para AI, en Paraguay “la violencia de género siguió siendo frecuente”, y como ejemplo mencionó los 31 feminicidios y 52 tentativas de ese delito reportados en 2024, frente al promedio de 37 feminicidios cada año ocurridos entre 2019 a 2023.
El informe resaltó igualmente que “los derechos de los niños continuaron siendo violados”, al mencionar que el Ministerio Público de Paraguay registró en 2024 unas 3.524 denuncias de abuso sexual infantil y 1.679 denuncias de maltrato en niños y adolescentes.
Los casos de embarazo adolescente siguen siendo “altos”, alertó AI, que también advirtió, citando datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sobre los 8.578 nacimientos de adolescentes entre 15 y 19 años contabilizados en 2024, de las cuales 602 correspondieron a madres procedentes de comunidades indígenas.
En 2024 hubo 339 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años, de las cuales 82 eran indígenas.
En ese sentido, la organización señaló que “las niñas sobrevivientes de violación seguían viéndose obligadas a llevar a término sus embarazos debido a la prohibición casi total del aborto”.
Libertad de expresión
El informe hizo eco igualmente de la promulgación de un proyecto de ley sancionado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en noviembre pasado que pretende controlar la financiación y las actividades de ONG nacionales y extranjeras, norma que AI consideró fue redactada “de forma vaga”.
La propuesta aprobada “podría aumentar el control sobre las organizaciones de la sociedad civil y conducir a restricciones arbitrarias, incluida la suspensión de sus actividades”, alertó AI.
De igual forma, reveló que el Sindicato de Periodistas de Paraguay denunció que durante las deliberaciones de esa iniciativa parlamentaria, periodistas y organizaciones que investigan el poder político fueron víctimas de “acoso y difamación a través de noticias falsas difundidas por senadores”.
El documento mencionó que los desastres climáticos y ambientales “afectaron desproporcionadamente a los pueblos indígenas”, como la escasez de agua potable en comunidades de la región del Chaco (oeste), los incendios forestales de septiembre pasado en un parque en territorio ancestral del pueblo ayoreo, y apuntó que siguen pendientes diez demandas relacionadas con el reconocimiento legal de los nombres de personas transgénero.