“Hemos argumentado y probado desde varias perspectivas que la disolución es inaceptable”, dijo Tanaka, presidente de la división en Japón de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, en una rueda de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros de Tokio, desde donde acusó al Gobierno de fabricar testimonios de víctimas presentadas durante el proceso.
Tanaka señaló que todas las causas en contra de la organización sobre las que se habló durante el juicio se remontan a una media de hace más de 30 años y que los daños ya han sido reparados, y afirmó que el 88 % de los testimonios presentados procedían de víctimas manipuladas, creyentes que “fueron secuestrados, retenidos en contra de su voluntad o forzados a reconvertirse”.
El japonés considera que el hecho de que el tribunal ignorara esto supone un “abuso del proceso legal” y acusó a las autoridades y a los medios de promover una caza de brujas contra sus creyentes.
Tanaka afirmó que desde que el escrutinio sobre el grupo aumentara a raíz del magnicidio de Abe, sus integrantes han sido objeto de “discriminación, divorcios forzados, violencia, confiscación de propiedades, terminaciones de contratos de alquiler, rechazo en hospitales, e incluso suicidio” de algunos jóvenes por la presión psicológica por los informes.
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Los comentarios de Tanaka se producen dos días después de que el Tribunal de Distrito de Tokio fallara a favor de la petición presentada por el Gobierno central de privar al organismo de las ventajas fiscales de las que gozaba como organización religiosa, aunque podrá seguir operando como otro tipo de entidad.
El sistema legal japonés permite a las autoridades pertinentes pedir la disolución como organización religiosa de grupos que comenten actos que dañen sustancialmente el bienestar público.
Tanaka aseguró que, pese a que la sentencia señala que sólo afecta a la pérdida de su estatus judicial como organización y que no prohíbe sus actividad, “no es realmente el caso”.
En virtud del fallo judicial, el Gobierno confiscará todas las propiedades de la federación. “Perderemos las iglesias y las instalaciones donde 101.000 de nuestros seguidores se reúnen y la libertad de las actividades religiosas de los creyentes de la iglesia serán severamente restringidas”, destacó.
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La orden supone “un ataque sin precedentes contra una asociación religiosa”, dijo Tanaka, que considera que la sentencia ha minado la democracia en Japón y añadió: “Lucharemos hasta el final para que se tome la decisión correcta”, en referencia a su intención de apelar.
Fundada en 1954 en Corea del Sur, la Iglesia de la Unificación es conocida por sus bodas masivas y ha generado controversia en Japón durante décadas por sus exigentes donaciones y la práctica de “ventas espirituales”, con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados y por las que le han abierto numerosos procesos judiciales en el archipiélago.
El grupo fue objeto de un nuevo escrutinio tras el asesinato de Shinzo Abe en julio de 2022, que dio lugar a la denuncia pública de numerosas víctimas del culto, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para hacer donaciones a la organización, como es el caso del autor material del magnicidio, Tetsuya Yamagami.
El entonces primer ministro nipón, Fumio Kishida, vio socavada su popularidad a raíz del caso y se vio obligado a promover una investigación interna sobre los vínculos del Ejecutivo con la Iglesia de la Unificación y a llevar a cabo una criba de ministros y parlamentarios bajo la sospecha de mantener lazos con el grupo.
Tanaka arremetió hoy con dureza contra el exmandatario, al que acusó de haber movilizado “sistemática, continua y maliciosamente” agencias gubernamentales contra la federación por motivos políticos personales y de convertir a sus creyentes “en víctimas de aislamiento social y opresión del Estado”.
“El ex primer ministro Kishida y los burócratas que lo siguen han demostrado que incluso una religión puede ser oprimida y disuelta si un político en particular ostenta el poder y no le gusta esa religión, incluso si no se ha cometido ningún crimen”, afirmó.
