“Vamos a salir a las calles, será una manifestación multitudinaria para gritar más fuerte que nunca contra el negacionismo que promociona el Gobierno de Milei y por nuestros hijos, los 30 mil detenidos desaparecidos por la dictadura genocida”, dijo a EFE Lidia Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida, titular de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
La reconocida luchadora argentina por los derechos humanos calificó de “autoritarismo” el Gobierno de Milei y denunció la “represión policial” durante la manifestación en apoyo a los jubilados del pasado 12 de marzo.
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Esta es una de las organizaciones que ha convocado la marcha de este lunes en una jornada de conmemoración que coincide con el 49 aniversario del golpe militar en Argentina.
“Es una vergüenza que tengamos este presidente. Yo soy jubilada y sé lo difícil que es vivir en este país, no puede ser que no podamos protestar en paz en las calles sin ser violentados”, afirmó Almeida.
La diputada de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento porteño, Victoria Montenegro, llamó la atención al “constante ataque del Gobierno a las políticas de derechos humanos”.
Aseveró: “Hay un nuevo Plan Cóndor (coordinación entre las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y respaldada por Estados Unidos), solo que cambió las formas y por eso nos cuesta tanto identificar lo que nos está pasando”.
Guillermo Torremare, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina, indicó, por su lado, que “aunque el Gobierno no pueda ser calificado de fascista en el sentido clásico del término, sería correcto presentar el debate político de la Argentina de hoy como fascismo vs antifascismo”.
Sitios de memoria sin financiación
Victoria Montenegro, quien es además una nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo, afirmó que el Ejecutivo “ataca los derechos humanos a través de la desfinanciación de los sitios de memoria”, creados en lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio durante la última dictadura militar (1976-1983).
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Desde el inicio del mandato de Javier Milei, en diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria y muchos lugares dedicados a los derechos humanos han sido vaciados por recortes de fondos y decenas de despidos.
En 2024, el Gobierno cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que investigaba y contribuía con información a la justicia de casos de niños desaparecidos durante la dictadura.
Según Abuelas de Plaza de Mayo, más de 300 niños de entonces, hoy ya adultos, aún no han sido restituidos. La razón es que estas personas no saben que fueron niñas o niños robados y para identificarles y restituir sus identidades se requiere mucho trabajo.
La Secretaría de Derechos Humanos, ahora bajo la autoridad del exjuez Jorge Baños, ha despedido a cerca de cien empleados que desempeñaban tareas en los sitios de memoria desde que asumió el cargo.
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Baños recientemente determinó el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). A los trabajadores les avisó por correo electrónico o mensajería instantánea de su cese laboral, según cuentan los propios extrabajadores de los sitios de memoria.
Los organismos de derechos humanos organizados en el espacio Memoria, Verdad y Justicia, que incluye múltiples agrupaciones, entre ellas H.I.J.O.S., han logrado después de 19 años unirse para realizar una única movilización este lunes en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.
