“A menos que se tomen medidas de inmediato para exigir responsabilidades a los colonos violentos, detener las demoliciones de viviendas y la expansión de los asentamientos cercanos, esta comunidad (como otras de la zona) se verá desplazada por la fuerza”, alertó Amnistía en un comunicado de prensa.
La ONG recordó que ya se han producido desplazamientos forzosos en toda Cisjordania desde el ataque de los milicianos gazatíes del 7 de octubre de 2023, tras el que hubo "un repunte de la violencia de los colonos respaldada por el Estado, junto con medidas de las autoridades israelíes".
"A través del impacto acumulado de décadas de ocupación y apartheid, que incluye violencia, discriminación institucionalizada y expansión de asentamientos ilegales, Israel está creando deliberadamente un entorno coercitivo que, como resultado, expulsa de sus tierras a palestinos", alegó AI, añadiendo que el traslado forzoso de civiles viola el Convenio de Ginebra y supone un crimen de guerra.
Amnistía ejemplifica esta violencia con el caso de la comunidad chií Al Butum, de unos 300 habitantes, amenazada diariamente por ataques de los asentamientos de colonos israelíes vecinos Mitzpe Yair y Avigayil.
Esta última era considerada un puesto de avanzada hasta que el Gobierno israelí lo formalizó como un asentamiento (junto a otros nueve puestos de avanzada) en febrero de 2023.
El recuento de la ONG pacifista israelí Peace Now eleva a 147 los asentamientos israelíes en Cisjordania (excluyendo Jerusalén Este), y a 224 los puestos de avanzada, que suponen el inicio de una de estas colonias y que, a pesar de ir contra la legalidad israelí, acaban también recibiendo protección y en algunos casos regularizándose.
Para la Corte Internacional de Justicia, todos los asentamientos y la ocupación israelí son ilegales, según determinó el pasado verano, instando a Israel a desmantelarlos y a evacuar a todos los colonos.
"En lugar de proteger a los pastores palestinos de Al Butum, el ejército israelí les ordenó que no utilizaran estas zonas, confinándolos en su pueblo, donde no hay suficiente comida para sus rebaños", denunció la ONG.
La comunidad también fue objeto de demoliciones de viviendas de palestinos por orden de las autoridades israelíes: según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Israel destruyó ocho estructuras en la aldea, alegando la falta de permisos de construcción israelíes, que provocaron el desplazamiento de 19 de sus residentes (11 de ellos, niños).
En julio de 2024 demolieron otras dos por esa misma falta de permisos de construcción. Masafer Yatta se encuentra en el área C de Cisjordania, bajo control tanto militar como administrativo israelí.
Entonces, la demolición desplazó a otras 14 personas.
"Las autoridades israelíes de planificación no aprobaron ni un solo permiso o recurso de construcción con fines residenciales para palestinos en la zona C de Cisjordania", añadió Amnistía citando a Peace Now.
Frente al progresivo desalojo de Al Butum, Amnistía recogió el caso de Zanuta, ya completamente abandonada por sus 250 habitantes, entre ellos 100 niños. La última familia salió de esta aldea el 18 de octubre de 2024.
Desde 2021, los colonos del puesto de avanzada de la granja de Meitarim les atacaban habitualmente, y la violencia aumentó tras el 7 de octubre.
"Los colonos iban armados y no dejaban de atacarnos. Éramos la última familia. Todos los demás se habían marchado, así que tuvimos que irnos también, por la seguridad de nuestros hijos y del ganado. Teníamos miedo, era terror", relató a AI Adel A Tal, miembro de la última familia que residió en Zanuta.
El grupo pro derechos humanos israelí Yesh Din documentó que el 94 % de las investigaciones policiales sobre violencia colona en Cisjordania entre 2005 y 2024 se saldaron sin ninguna acusación.