La sentencia unánime no considera que las medidas de seguridad a las que está sometido el ultra noruego sobrepasen lo necesario ni que constituyan una violación de los derechos humanos, como argumentaba la defensa.
Pero admite que hay un riesgo de que el reo sufra algún daño a largo plazo y de que se retrase su hipotética rehabilitación.
"El tribunal hace hincapié en el riesgo de seguridad que sigue representando y en que las autoridades penitenciarias han introducido medidas para compensar las duras condiciones del cumplimiento de la pena", consta en un comunicado.
Durante el juicio, celebrado en diciembre pasado, la defensa de Breivik denunció que vive en un mundo "cerrado" y que lo mantienen medicado con pastillas para que no se deprima.
Es la segunda vez que Breivik denuncia al Estado por su régimen penitenciario en el último lustro.
El fallo inicial admitió entonces violaciones de los derechos humanos, pero fue revocado luego por una corte de apelación y, en última instancia, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Breivik también ha perdido dos casos en los últimos dos años en los que pedía la libertad provisional -la última vez, en noviembre, aunque la sentencia está recurrida-, que puede solicitar de forma periódica al cumplirse diez años de su condena.
El ultraderechista fue sentenciado en 2012 a 21 años de prisión, castigo máximo fijado entonces por las leyes noruegas y que puede equivaler a una cadena perpetua, ya que se puede prorrogar de forma ilimitada.
Breivik colocó una furgoneta-bomba en el complejo gubernamental de Oslo el 22 de julio de 2011, que mató a ocho personas.
A continuación se desplazó a la isla de Utøya, escenario del campamento anual de las Juventudes Laboristas, donde ejecutó durante algo más de una hora a decenas de personas que consideraba defensores del multiculturalismo y una amenaza para Noruega.
En sus últimas comparecencias ante los tribunales ha pedido perdón por los atentados y asegurado que ya no es violento, aunque defiende las mismas ideas.
