En un comunicado, el tribunal constitucional de Ecuador determinó que los cargos públicos de elección popular no pueden ser suspendidos ni destituidos a través de sumarios administrativos, conforme hizo el Ministerio de Trabajo con Abad al suspenderla por cinco meses.
La sanción, que posteriormente fue anulada por una jueza que denunció presiones del Gobierno para fallar a favor de la administración gubernamental, se dio en el marco del enfrentamiento que mantienen Noboa y Abad, quien reclama su derecho a asumir temporalmente la Presidencia durante la campaña electoral, en la que el jefe de Estado busca su reelección para un periodo completo.
En cambio, Noboa nombró por decreto a la secretaría de la Administración Pública y del Gabinete de Presidencia, Cynthia Gellibert, como "vicepresidenta encargada" y le delegó las funciones presidenciales durante los días que realizaba actividades de campaña con miras a las elecciones generales del próximo 9 de febrero.
Abad ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el hecho sin precedentes de que el gobernante delegue sus poderes en una vicepresidenta nombrada por decreto, un caso que la Corte Constitucional anticipó que lo tratará con prioridad.
El enfrentamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña electoral para la segunda vuelta electoral para las elecciones extraordinarias de 2023, y se plasmó al asumir los cargos, cuando en una de sus primeras decisiones, el mandatario envió a la vicepresidenta a Israel como embajadora, con la misión de buscar la paz entre israelíes y palestinos.
Debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio, Abad fue trasladada a Turquía, pero el Gobierno la suspendió por cinco meses al considerarla que no se había presentado en Ankara en el plazo marcado.
Tras haber sido restituida en su cargo con el fallo judicial que anuló su suspensión, Noboa la envió nuevamente a Turquía como consejera de la Embajada, pero ella se mantuvo en Quito a la expectativa de asumir la Presidencia durante la campaña electoral, que va del 5 de enero al 6 de febrero.
La vicepresidenta ha calificado los decretos que entregan temporalmente la Presidencia a Gellibert como un "golpe de Estado" y, y ha exhortado a la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Democrática, pues considera que se ha roto el orden constitucional por no haber recibido ella las facultades presidenciales.
Previamente Abad denunció a Noboa por violencia política de género y lo acusó de liderar un presunto acoso contra ella con el objetivo de forzarla a dimitir.
Al mismo tiempo la Fiscalía trató de incluir a Abad en el caso de corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia donde está involucrado su hijo Sebastián Barreiro, pero el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) votó mayoritariamente en contra de levantarle el fuero, algo que sí apoyó el oficialismo.