El informe del “Comité especial de la ONU para investigar las prácticas israelíes que dañan los derechos humanos del pueblo palestino y otros árabes en los territorios ocupados” -organismo creado en 1968- se entregará a la Asamblea General el 18 de noviembre, y se suma a los argumentos de la Corte Internacional de Justicia y de varios relatores que vienen denunciando un genocidio en Gaza.
Un adelanto del informe hecho público hoy contiene abundantes acusaciones contra la forma en que Israel conduce la guerra, y denuncia de este modo "la obstrucción de la ayuda humanitaria y los ataques intencionados a civiles y trabajadores humanitarios", en desprecio a los llamamientos de la ONU, las resoluciones del Consejo de Seguridad y las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia.
"Israel está causando de forma intencionada muerte, hambre y heridas graves, y está usando el hambre como método de guerra e infligiendo así un castigo colectivo a la población palestina", detalla el informe.
Recuerda, por ejemplo, que miembros del Gobierno israelí "han apoyado públicamente políticas para privar a los palestinos de las puras necesidades vitales: agua, comida y combustibles", y estas declaraciones se suman a hechos como "la interferencia ilegal y sistemática de la ayuda humanitaria".
Detalla que a principios de 2024 Israel había arrojado sobre Gaza 25.000 toneladas de explosivos "equivalentes a dos bombas nucleares" y eso, sin contar las pérdidas humanas, destrozó el sistema de agua y alcantarillado, devastó la agricultura y contaminó el medio ambiente, "una mezcla letal de crisis que infligirán un enorme daño en las generaciones venideras".
O el uso de la inteligencia artificial con apenas intervención humana, que unido a los bombardeos masivos "subraya el desprecio de Israel a sus obligaciones a distinguir entre civiles y combatientes y tomar precauciones adecuadas para prevenir las muertes de civiles".
Asimismo, denuncia la censura sobre la prensa -que no puede acceder a Gaza-, la supresión de la disidencia (incluso en las redes sociales) y el ataque a los periodistas, que se suman a las campañas de desinformación "en una clara estrategia para socavar la labor vital de la ONU (y) desmantelar el orden legal internacional".
Finalmente, recuerda la obligación de los Estados miembros de la ONU para garantizar que se cumple la legalidad y hay rendición de cuentas por parte de Israel, porque de no hacerlo, "eso debilitará la esencia misma del sistema legal internacional y sienta un peligroso precedente de permitir que las atrocidades queden sin control".