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La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema, según AFP.
Presentado como una “primera etapa”, el informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes, precisando que también incluiría “recomendaciones específicas”.
En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.300 millones de católicos, pidió a la comisión este informe para tener una información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar” y llamó a un “nuevo comienzo”.
Los miembros de la comisión constataron durante su investigación “la falta de datos disponibles” sobre agresiones sexuales, declaró la jurista neerlandesa Maud De Boer Buquicchio, responsable de la redacción del informe.
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Según EFE éstas son algunas de las indicaciones que constan en el documento:
Fin de la opacidad
La Iglesia necesita impulsar el acceso de las víctimas a la información para afrontar el “problema” de la opacidad en los procesos canónicos. “Deberían estudiarse medidas que garanticen el derecho de todo individuo a acceder a cualquier información que lo afecte, máxime en los casos y responsabilidad de los abusos” (siempre en respeto de la ley de protección de datos).
El concepto de vulnerabilidad
Los casos de abusos no solo son con menores, sino que la Iglesia también los reconoce en adultos “vulnerables”. Por eso, la comisión aboga por desarrollar “una definición mayormente uniforme de vulnerabilidad”.
Más rapidez
El informe admite que las víctimas aún sufren procesos civiles y canónicos “difíciles, lentos y fuente de continua victimización”. Por eso insta a “garantizar una gestión eficaz, rápida y rigurosa” de cada caso de abuso, aclarando también el rol de cada dicasterio - “misterio”- de la Curia Romana.
Dimisión fulminante
Otra reclamación es la de “agilizar y acelerar el proceso de dimisión” de un líder eclesial acusado de abuso “siempre que esté justificado”.
Compensación
El informe pide " estudiar las políticas de indemnización " para ejercer medidas " rigurosas " de reparación en el proceso de " sanación " de las víctimas.
Un magisterio contra los abusos
Asimismo el informe llama a “desarrollar aún más el magisterio de la Iglesia” sobre su deber de protección, promoviendo entre sus clérigos “la dignidad de los niños” mediante una visión “unitaria y teológica-pastoral”.
Especialización
La iglesia, además, debe impulsar un proceso de “profesionalización” entre sus miembros y brindar a quienes estén en contacto con menores “oportunidades académicas” de formación dotadas con “recursos adecuados”.
“Faltas preocupantes”
El primer análisis de la Comisión ha constatado que, mientras algunas autoridades eclesiásticas demuestran un claro compromiso por la protección, otras solo están “al inicio del ejercicio de asunción de responsabilidades”. En algunos casos, de hecho, se ha detectado una “preocupante falta” de estructuras de denuncia y de acompañamiento de las víctimas, lo que contraviene a lo exigido por el papa en su documento ‘Vos estis lux mundi’ (2023) sobre las normas contra los abusos sexuales.
“Conversión continua”
Este año la Pontificia Comisión ha cumplido diez años en los que “se ha asistido a un crecimiento de la conciencia tanto de la realidad de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia como a su mala gestión”. La publicación de estos informes pretende “facilitar un proceso de conversión continua” dentro de las instituciones católicas.
Un lustro para abarcarlo todo
En el planeta hay un total de 114 conferencias episcopales por lo que la comisión, dirigida por el cardenal estadounidense Sean Patrick O’Malley, se fija el objetivo de estudiar todas en el arco de 5/6 años.
“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo” , dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia.
Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.
Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”.
“La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.