Celso Amorim, quien fue canciller durante los dos primeros mandatos (2003-2010) del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, compareció este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para explicar la posición de Brasil frente al convulso proceso electoral venezolano.
Explicó que, en sus intentos de mediación, Brasil se ha orientado por los principios de "defensa de la democracia, no injerencia en asuntos internos y resolución pacífica de las controversias".
Sin embargo, subrayó que, al no ser publicados los resultados detallados de los comicios del pasado 28 de julio, en los que las autoridades electorales proclamaron la victoria de Maduro, "el principio de la transparencia no fue respetado".
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Enfatizó que, por eso, Brasil "no reconoce" ese resultado ni tampoco el triunfo que le atribuye la oposición a Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.
Sobre las actas divulgadas por la oposición, acotó que "reconocer resultados distintos en base a los datos recogidos por un candidato, representaría un precedente peligroso para la institucionalidad democrática".
Asimismo, Amorim reiteró su preocupación por "la situación de los derechos humanos" en Venezuela y por los "nuevos mecanismos de control de la sociedad civil" establecidos por el Gobierno de Maduro después de las elecciones.
Según Amorim, el "principal interés" que guía a Brasil "es evitar tensiones que amenacen la paz en Suramérica", aunque aclaró que "la solución debe ser alcanzada por los propios venezolanos".
Las relaciones bilaterales se han deteriorado gradualmente tras las elecciones, sobre todo ante la insistencia de Brasil en la publicación de las actas desglosadas del proceso.
Junto a Colombia y, en menor medida con México, Brasil ha tratado de mediar entre el Gobierno y la oposición para tratar de resolver la crisis, pero esos intentos han sido rechazados y descalificados por el oficialismo venezolano.
En ese marco, Amorim dijo que Brasil sigue "abierto a contribuir si hay disposición de ambos lados", con los que intenta "mantener el diálogo", aunque reconoció que "no es fácil".
La tensión con Venezuela se agudizó la semana pasada, cuando el Gobierno de Lula se negó a aceptar a Venezuela como nuevo miembro asociado al foro BRICS, fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Esa posición fue considerada por Venezuela como "una agresión" y "un gesto hostil", que enmarcó en "la política criminal de sanciones que han sido impuestas contra un pueblo valiente y revolucionario, como el venezolano".
Aunque Amorim explicó que Brasil mantendrá la “discreción” y evitará discutir ese asunto a través de la prensa, consideró que la reacción venezolana ha sido “como mínimo desproporcionada”.