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A partir del 30 de diciembre, las empresas que importen en la UE ciertas materias primas deberán demostrar a través de un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales.
El reglamento se aplica también dentro de la UE y afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.
Busca invertir una tendencia preocupante: entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la de la UE, y cerca del 1% es atribuible al consumo comunitario.
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La ley contra la deforestación se alinea con normativas sobre la madera o la pesca ilegal y con la obligación de las grandes empresas de comprobar que no se producen abusos en su cadena de suministros, dentro de un espíritu que busca que la UE no deslocalice a terceros países prácticas censuradas en su territorio.
De la calma a la tormenta
El Parlamento Europeo aprobó el reglamento contra la deforestación con una mayoría de 552 votos a favor, 44 en contra y 43 abstenciones, y los Veintisiete acogieron el texto con similar agrado: 22 capitales a favor, ninguna en contra y 5 abstenciones.
Corría la primavera de 2023, no había comicios a la vista y la agenda verde de la Comisión Europea gozaba aún de un amplio respaldo.
“No queremos seguir siendo cómplices en la deforestación mundial”, dijo entonces el negociador de la norma en el Parlamento Europeo, el cristianodemócrata luxemburgués Christophe Hansen. Pero el fervor verde fue desapareciendo a medida que brotaban protestas agrícolas y se acercaban las elecciones europeas de junio de 2024.
Además, la Comisión perdió por el camino a dos de los valedores de la normativa: el vicepresidente responsable del Pacto Verde, el socialdemócrata Frans Timmermans, y el excomisario de Medioambiente y ahora eurodiputado ecologista Virginijus Sinkevicius.
Presión desde todos los frentes
En paralelo, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva zelanda o Canadá redoblaron la presión, y también de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Argumentan que el “ránking” de países que debe publicar la Comisión antes de final de año implicará que los productos de Estados con mayor riesgo de incurrir en deforestación estarán sometidos a más controles, que se traducirá en un daño reputacional y en una caída de las exportaciones.
Otros, como la patronal del comercio Eurocomerce, dicen que el reglamento agregará trabas burocráticas, especialmente a los pequeños productores o comerciantes. Entre los Veintisiete, no quieren mantener el calendario Estados miembros como Suecia, Finlandia, Austria, Polonia o Eslovaquia.
Tampoco Alemania. El canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, hizo público que ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una prórroga de seis meses y el ministro de Agricultura, el ecologista Cem Özdemir, trasladó la misma petición por escrito, pero ha recibido una respuesta negativa de Bruselas.
El fuego también proviene de la familia política de Úrsula Von der Leyen, un Partido Popular Europeo (PPE) que se alejado a gran velocidad de la agenda verde en el último año.
Hace una semana, los eurodiputados del PPE Peter Liese y Herbert Dorfmann calificaron el reglamento de “monstruo burocrático” y reclamaron que se aplace, mientras verdes, liberales y socialistas exigen mantener el rumbo.
La Comisión resiste
Von der Leyen, también del PPE, ha evitado pronunciarse sobre el reglamento y delega su defensa en el aparato de comunicación.
“La Comisión continúa trabajando en los preparativos para su aplicación”, reiteró el portavoz comunitario de Medioambiente, Adalbert Janez, que insiste en que por ahora no hay ninguna propuesta para modificar un reglamento aprobado por la Eurocámara y el Consejo de la UE.
Desde la maquinaria comunitaria, otras fuentes subrayan que Von der Leyen se ha sustraído del debate durante un complicado período electoral con intereses cruzados, y dicen que su intención no es frenarlo porque, entre otras cosas, supondría abrir la caja de Pandora.
Deslizan que Hansen -defensor del texto en la Eurocámara- es el comisario designado para convertirse en el próximo titular de Agricultura de Von der Leyen y que la unidad de deforestación, que había quedado descabezada, tiene ahora una nueva jefa de contrastada experiencia que formó parte del gabinete de Timmermans, el arquitecto del Pacto Verde.
Los dosieres que hasta hace poco estaban en barbecho vuelven a activarse, confirman a EFE otras voces comunitarias.
Mientras tanto, organizaciones ecologistas piden una revisión más ambiciosa que incluya el maíz, el cerdo y las aves de corral y que proteja también otras áreas naturales delicadas como las sabanas y los humedales y abarque “también las inversiones realizadas por bancos en la UE”, trasladó a EFE la responsable de Greenpeace, Sini Eräjää.