El medio israelí The Times of Israel, que cita una fuente anónima cercana al proyecto, asegura que la nueva norma también busca evitar que los países den servicios consulares a palestinos en Jerusalén.
El pasado 1 de junio entró en vigor una norma prohibiendo al consulado español en la ciudad dar servicio a ciudadanos palestinos de Cisjordania ocupada, en represalia por el reconocimiento de España del Estado palestino.
El proyecto ya fue aprobado en primera lectura y ahora, una vez que ha recibido la luz verde del Comité de Constitución, Ley y Justicia, deberá ser aprobado en segunda y tercera lecturas en el pleno para convertirse en ley.
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La norma fue impulsada por legisladores del partido Likud del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y del partido Nueva Esperanza, liderado por el opositor Gideon Saar, otrora aliado de Netanyahu y que suena para sumarse a su Gobierno de coalición en sustitución del actual ministro de Defensa, Yoav Gallant.
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Israel considera Jerusalén (incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980) como su capital única e indivisible, algo que no reconoce la mayor parte de la comunidad internacional.
Muchos países mantienen su embajada en Jerusalén y cuentan en su lugar con oficinas o consulados, algunos de los cuales, como el de España, fueron establecidos antes del nacimiento del Estado de Israel, y sirven también para dar servicio a los palestinos residentes en la ciudad y en el territorio ocupado de Cisjordania.
Solo Estados Unidos, que trasladó su embajada durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), Guatemala, Honduras, Kosovo y Papúa Nueva Guinea mantienen su embajada en Jerusalén.