En un comunicado del organismo de derechos humanos, Izaguirre expresó su repudió a las constantes muertes múltiples y lamentó que en el país se vulnere cada día el derecho a la vida.
“Las autoridades hondureñas encargadas de la seguridad en el país deben tomar con seriedad este problema y poner en marcha las medidas preventivas y de investigación necesarias para que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de cometer esos crímenes que dejan luto, dolor y llanto en el seno de muchas familias hondureñas”, subrayó Izaguirre.
Agregó que la impunidad que rodea estos casos contribuye a que “se sigan repitiendo estos hechos”.
Lea más: BID aprueba prestamo de 25 millones de dólares para mejorar inserción laboral en Honduras
Honduras registró en los últimos tres días la muerte de siete mujeres y cuatro hombres en tres masacres ocurridas en los departamentos de Olancho, este del país, e Islas de la Bahía, en el Caribe.
La Defensora del Pueblo se solidarizó con los familiares de las víctimas y cuestionó que cada día más personas sigan muriendo de forma violenta en el país.
Comisionado de Derechos Humanos en Honduras habló de las matanzas
El Estado de Honduras tiene “el deber de garantizar a la población su derecho a la seguridad, en particular el derecho a la vida”, enfatizó Izaguirre, quien instó a las autoridades a abrir una investigación sobre los asesinatos múltiples.
Al menos 64 personas, incluidos seis menores de edad, han muerto en lo que va de 2024 en casi una veintena de matanzas, que se suman a los 48 asesinatos múltiples que se cobraron la vida de 225 personas entre diciembre de 2022 y 2023, según datos del organismo de derechos humanos.
Al menos 177 hombres, 92 mujeres y una veintena de niñas y niños han muerto en las 68 masacres documentadas en Honduras desde diciembre de 2022, cuando el Gobierno impuso un estado de excepción, una polémica medida prorrogada en 15 ocasiones.
Diferentes organizaciones nacionales e internacionales, incluida Naciones Unidas, han solicitado a Honduras derogar el estado de excepción, pues consideran que la medida ha abierto la puerta a que las fuerzas de seguridad comentan violaciones a derechos humanos, lo que rechazan las autoridades de Seguridad del país.