Esa revisión “debe incluir los lazos empresariales y financieros, fondos de pensiones, relaciones académicas y benéficas”, indicaron en el comunicado donde dieron la bienvenida a la decisión emitida por el CIJ el 19 de julio.
También urgieron a un embargo de armas a Israel, a poner fin a todas las relaciones comerciales “susceptibles de causar daño a los palestinos” y a imponer sanciones tales como congelaciones de activos contra personas y entidades de Israel involucradas en esa ocupación ilegal.
Solicitaron, por otro lado, investigar a aquellas personas involucradas en crímenes cometidos en los Territorios Ocupados, en particular ciudadanos con doble nacionalidad enrolados en el ejército de Israel o que hayan participado en actos de violencia perpetrados por colonos.
Lea más: Scholz insinúa que habrá más armas germanas para Israel
"El CIJ ha reafirmado un principio que antes parecía poco claro incluso para Naciones Unidas, el de que no se puede negociar la libertad en un régimen de ocupación militar, segregación racial y apartheid", argumentaron.
Los expertos denunciaron que tras la decisión publicada por el tribunal de La Haya (que además está investigando si Israel ha violado en Gaza la Convención sobre el Genocidio) se han intensificado los ataques israelíes contra la Franja y sus recursos.
La CIJ consideró el 19 de julio que las políticas israelíes de asentamientos violan el derecho internacional y su presencia continua en Palestina es ilegal, por lo que le exigió la evacuación de los colonos, el desmantelamiento del muro de separación y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.
Lea más: Borrell dice que la opinión de la CIJ sobre Israel remplaza “los fracasos de la política”
Entre los 39 firmantes del comunicado figuran la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos (Francesca Albanese) y sus homólogos para los derechos de las mujeres (Reem Alsalem), la lucha contra el racismo y la xenofobia (Ben Saul) o la libertad de expresión (Irene Khan).