Durante la reunión celebrada en la oficina del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se disculpó frente a más de cien demandantes, abogados y simpatizantes, en un acto celebrado después de que el pasado 3 de julio el Tribunal Supremo de Japón volviera a fallar a favor de las víctimas.
"El Gobierno, que aplicó la ley, tiene una responsabilidad gravísima. Lo lamento profundamente y ofrezco una disculpa en nombre del Ejecutivo", dijo Kishida a los presentes, en declaraciones recogidas por los medios locales.
"He encargado una investigación para llegar a una conclusión lo antes posible sobre la forma de indemnización. Haré todo lo que esté en mi mano para resolver la cuestión lo antes posible", añadió Kishida.
El Tribunal Supremo de Japón respaldó el pasado 3 de julio la inconstitucionalidad de las esterilizaciones forzosas llevadas a cabo bajo la extinta ley de eugenesia nacional y ordenó al Estado indemnizaciones adicionales, al considerar que el período de prescripción de 20 años fijado para actos ilícitos no se aplica en estos casos.
Este acontecimiento es comúnmente calificado como la peor violación de los derechos humanos en la historia de Japón tras la II Guerra Mundial, al tratarse de una ley que permitía esterilizar sin consentimiento a personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales o trastornos hereditarios para evitar el nacimiento de descendencia "inferior".
La Ley de Protección de la Eugenesia japonesa, vigente entre 1948 y 1996, autorizó la esterilización de unas 25.000 personas, 16.000 de ellas sin su consentimiento, según datos gubernamentales.
Los demandantes que interpusieron denuncias en los juzgados de Sapporo (norte), Sendai (noreste), Tokio (centro), Osaka (oeste) y Kobe (oeste) forman parte de un total de 39 personas que han solicitado indemnizaciones en demandas similares en tribunales de distrito y un tribunal de rama desde 2018.
En cuatro de los cinco casos, los tribunales superiores fallaron a favor de los demandantes y ordenaron al gobierno pagar entre 11 millones de yenes (unos 64.320 euros) y 16,5 millones de yenes (cerca de 96.490 euros) a cada víctima y 2,2 millones de yenes (12.867 euros) al cónyuge de una víctima fallecida.
Alrededor de 1.100 personas fueron certificadas para recibir las indemnizaciones económicas de 3,2 millones de yenes (unos 18.733 euros) por persona, una cantidad que ha sido criticada por considerarse baja y muy inferior a las solicitadas por los afectados en las demandas.