Sin taxis ni autobuses y con escuelas cerradas: así vivía ayer Rosario, la tercera ciudad de Argentina, tras cuatro asesinatos vinculados al narco que provocaron el envío de fuerzas federales por parte del gobierno y un proyecto de ley “antimafia” a la italiana.
Con 1,3 millones de habitantes, Rosario es el principal puerto del país y, según los expertos, se ha convertido, a través de la hidrovía sobre el río Paraná, en punto privilegiado para salida de drogas desde Bolivia, Brasil y Paraguay hacia Europa y Asia.
La ciudad tiene la peor tasa de homicidios del país: 22 por cada 100.000 habitantes, cinco veces mayor al promedio nacional. A su vez, el índice de homicidios en Argentina (4,2/100.000 habitantes) es uno de los más bajos de América Latina.
Saturación policial
La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, anunció un plan de “saturación policial” y el refuerzo de 450 efectivos para evitar que Rosario (Santa Fe, centro) se convierta en “tierra de narcoterroristas”.
La funcionaria informó también del envío al Congreso de una ley “antibandas” que “tipifica una nueva modalidad de persecución penal, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselo a todos sus integrantes, como hizo el código penal antimafia de Italia”.
Luego del fusilamiento el fin de semana de un empleado de una gasolinera, que se sumó a otros tres asesinatos en la última semana, Rosario despertó sin autobuses, sin clases, sin atención en centros de salud, sin recolección de residuos, sin taxis ni servicio de gasolinerías durante la noche.
Los directivos de las escuelas decidieron no dar clases luego de los crímenes que provocaron “pánico” en la población, y que el Gobierno atribuye a una “reacción” de jefes narcos encarcelados por el endurecimiento de sus condiciones de detención.
“Familias, hemos decidido suspender el dictado de clases de modo presencial solo por mañana” , fue el mensaje de WhatsApp que recibieron el domingo los padres de la escuela Francisco Gurruchaga. “Debemos resguardarnos ante todo lo que ocurre”.
“De todos modos no la hubiera mandado”, dice Romina Manzoni, empleada de 44 años y madre de una alumna de la escuela, refiriéndose a su hija. “Da mucho miedo todo lo que pasa” .
Alejandro, un comerciante de 48 años que no quiso dar su apellido por temor a represalias, decidió abrir su negocio en Rosario junto a un grupo de colegas del céntrico barrio Echesortu, aunque en otras zonas las persianas permanecieron bajas por miedo a un ataque.
“Si bien abrimos con miedo y preocupación, la cuestión era sentirse libre y no darle el gusto a esta gente de que esté todo cerrado”, dice. “También juega la parte económica, tener el comercio cerrado uno o dos días implica muchos gastos en medio de esta crisis económica”.