El informe, elaborado por la senadora Eliziane Gama, relatora de la comisión, afirma que el líder de la derecha, con cinco de sus ministros, algunos militares y activistas radicales, alentaron el movimiento que en enero asaltó y depredó las sedes de los tres poderes del Estado, en lo que define como un “atentado contra la democracia”.
La sesión será la última de la comisión y concluirá con la votación del documento, cuya aprobación parece garantizada pues el oficialismo cuenta con una clara mayoría frente al bolsonarismo.
Antes de la votación, tendrán derecho a la palabra durante diez minutos cada uno de los 36 miembros de la comisión, tras lo cual podrán intervenir otros legisladores ajenos al grupo.
De ese modo, se prevé que el debate previo durará al menos unas siete horas, que pueden ser acaloradas debido al alto grado de polarización.
Acusación
El informe acusa a Bolsonaro de haber sido el “mentor intelectual y moral” del movimiento golpista y pide, según la teoría jurídica del “dominio del hecho”, que sea imputado por los supuestos delitos de asociación ilícita, violencia política, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado.
Asimismo, propone imputar a otras 60 personas, entre las cuales figuran cinco exministros del gobierno que presidió el líder de la derecha (2019-2022), excomandantes de la Marina y del Ejército y una veintena de militares, así como la diputada Carla Zambelli, una reconocida voz del bolsonarismo.
La oposición ha presentado un informe paralelo, que sólo sería votado si es rechazado el anterior, en el cual se responsabiliza a Lula de los desmanes con la tesis de que el Gobierno incurrió en "omisiones" en términos de seguridad y facilitó la acción de los vándalos, con la supuesta intención de "generar una ola de solidaridad" en su favor.
El informe que sea aprobado será remitido a la Fiscalía General, que analizará las denuncias y decidirá si las traslada a los tribunales.
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El trabajo de la comisión va a remolque de la investigación en la Justicia, que ha aceptado las denuncias presentadas contra 1.390 acusados de la asonada, de los cuales seis ya han sido condenados a penas que llegan a 17 años de prisión.
La investigación judicial no ha concluido e intenta identificar a quienes financiaron el movimiento y a sus “autores intelectuales”, entre quienes figura como sospechoso el propio Jair Bolsonaro.